Por Humberto Salazar
Solo cinco países en el mundo penalizan el aborto que se realiza para salvar la vida de una madre, en caso de complicación durante un embarazo, estos son: El Vaticano, El Salvador, Nicaragua, Malta y la República Dominicana.
En ese ridículo internacional nos han metido los legisladores que, por miedo a los púlpitos en un estado no confesional como el nuestro, aprobaron la exclusión de las excepciones que estaban incluidas en el Código Penal que fue observado por el Poder Ejecutivo.
Si observamos los nombres de los países que dejan desprotegidas a las madres, hay tres que son de los más pequeños del mundo: El Vaticano (unas cuadras en el centro de Roma), Malta (una isla de 316 km2 en el Mediterráneo) y El Salvador (que por algo le llaman el Pulgarcito de América).
Y los otros dos: Nicaragua y República Dominicana, responden a uno de los contrasentidos políticos más curiosos de América y el mundo, ya que se supone que ambos países se encuentran gobernados por partidos denominados progresistas, y sin embargo violan el derecho fundamental de la vida a las mujeres en peligro de muerte.
Es que la prohibición a los médicos para tomar decisiones que les corresponden como profesionales de la salud y estar entrenados para salvar vidas, es un acto de violencia de estado en contra de las mujeres, inaceptable desde el punto de vista humano y legal.
Además, es una acción en contra de los sectores más pobres de la población, ya que todo el mundo en este país está consciente, de que el aborto es practicado en forma profusa por personal sin entrenamiento médico, en barrios y campos en la misma cara de autoridades eclesiásticas y gubernamentales.
Solo que cuando se realiza de este modo, quienes son sometidas a estos peligrosos procedimientos, son las hijas de los más pobres, las que no pueden pagar directamente el confort y la seguridad que ofrecen clínicas y consultorios, donde médicos entrenados y especializados, cobran altas sumas de dinero por asumir lo que siempre ha sido un riesgo.
En este tema vivimos en una sociedad llena de hipocresía, donde condenamos a la muerte a cientos de mujeres que nacen marcadas por la maldición de pertenecer a un genero que es discriminado hasta en los procedimientos médicos, por políticos y religiosos que nunca en su vida han visto morir a un ser humano desangrado por un útero perforado.
Porque a esto es que nos exponemos con una legislación que a todas luces pertenece a la edad media, cuando el Sacro Imperio Romano, con los Papas a la cabeza, eran el poder político que dominaba occidente.
Cuando ponemos en las manos de parteras, practicantes y médicos inescrupulosos el asumir el riesgo de realizar un aborto terapéutico, ya que la mayoría de nosotros no nos expondremos a ir a la cárcel cuando tengamos que tomar la decisión de salvar la vida de una madre, lo que estamos es poniendo en peligro la vida de miles de mujeres.
¿Habrá que llamar al Vaticano o al Arzobispo mas cercano, cuando a un obstetra se le presente un aborto en curso (aquel donde la mujer sangra y podría no expulsar el producto) y haya que decidir el desalojo del embarazo para salvarle la vida a una madre?
Porque esto no solo implica una decisión de un gineco-obstetra, hablamos de que hay que llamar a un anestesiólogo para dormir la paciente, enfermeras para que ayuden, clínicas u hospitales para que presten sus instalaciones, es decir, ¿serán todos cómplice y todos irán a la cárcel en caso de actuar para salvar la vida de una madre?.
¿Pero es que no existe el sentido común dentro de los legisladores que aprobaron ese adefesio jurídico? ¿no tienen madres, esposas, novias, hijas, que podrían verse envueltas en situaciones de esta naturaleza?.
Como en el nuevo Código Penal queda eliminada cualquier circunstancia para realizar el desalojo de un embarazo y además se plantean penas de cárcel para los profesionales de la salud que realicen su trabajo, porque de eso se trata, entonces todas las mujeres en edad fértil quedan expuestas a perder la vida a causa de un embarazo y a la negación de servicios por parte de los médicos.
Y decimos negación de servicios, porque el médico en un caso de que la madre corra peligro por una situación clínica durante la gestación, se vería entre la espada de la ética y su entrenamiento de años para hacer diagnósticos, practicar procedimientos y saltar vidas y el Código Penal por medio del cual el Estado le puede tronchar su carrera y enviarlo a la cárcel.
Ahora las mujeres dominicanas, además de la violencia de los hombres en su contra, la exposición a enfermedades de transmisión sexual por la promiscuidad de sus maridos, la discriminación y el acoso en los lugares de trabajo, están expuestas a la muerte durante un embarazo, sin que puedan recibir asistencia médica en caso de una complicación que ponga en peligro su vida.
Pero además, estarán obligadas a tener una criatura inviable demostrable por medio del sonograma y otros medios diagnósticos, en caso de ser violadas tener y mantener la criatura del violador, además de muchas veces ser señaladas como provocadoras de la violación.
Entonces, de que hablamos cuando hipócritamente planteamos campañas en contra de la violencia contra la mujer, si lo que tenemos es una sociedad donde nuestros representantes en el congreso nos acaban de hacer ingresar al club de los países mas culturalmente atrasados del mundo.
La protección de la salud sexual y reproductiva de la mujer dominicana es una obligación del Estado en un gobierno laico no religioso como el que tenemos, ojalá que se tome conciencia del desastre que se nos avecina en caso de ponerse en ejecución ese nuevo Código Penal sin la ley de excepciones que se prometió.
