RSS
TwitterFacebookGoogle+

Serie Magistral: El principio de protección de la Confianza Legítima (Parte II)

Serie Magistral Derecho 101

Serie Magistral Derecho 101

Límites y alcances al principio: Desarrollo jurisprudencial.

Sobre la protección de la confianza legítima podemos brindar múltiples definiciones aportadas por la doctrina, en este trabajo sólo nos propusimos resaltar algunas que consideramos de rigor, sin embargo la mejor forma de profundizar y conocer este principio es sobre la base de entender su fisonomía conceptual, a través del estudio de la labor jurisprudencial que lo ha ido moldeando hasta su noción actual. Ha sido a través de casos prácticos que se han ido estableciendo los parámetros para su aplicabilidad.

Para este propósito merecen especial énfasis la labor jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y las sentencias del Tribunal Supremo Español.

La primera sentencia en que el Tribunal de Justicia acoge la tesis de la violación a la protección de la confianza legítima ocurre en fecha 5 junio del 1973, en la cual se planteaba una litis en la que el Consejo (administración pública) luego de emitir una resolución diciendo que el aumento de salario de los funcionarios sería de 3.75 por 100 por año, dictó al año siguiente una nueva resolución en la que redujo el aumento a 2.50 por 100 por año. Contra esta resolución se interpone un recurso alegando la violación a la confianza legítima en el entendido de que no podía contradecirse. El tribunal juzgó que con su primera decisión el Consejo ha asumido unas obligaciones a las que queda vinculado durante el periodo de tiempo por él mismo determinado. En otro caso se infringiría el principio de la confianza legítima que los administrados deben tener en que las autoridades competentes mantengan los compromisos a los que se han obligado.

En febrero de 1978 el Tribunal de Justicia rechaza al demandante su propuesta de confianza legítima, y traza dos límites trascendentales, a saber, la existencia de un interés público perentorio y un periodo de tiempo transitorio para la aplicación de la nueva norma (Sentencia Lührs). Un año después en el caso Tomadini vuelven a entrar en conflicto el principio de confianza legítima con el de el interés público perentorio estableciendo que en caso de enfrentamiento, el interés público tendrá primacía sobre la confianza legítima. En la sentencia Tomadini se destaca también la necesidad de prever medidas transitorias en caso de cambios normativos, pues en caso contrario se violaría el principio de protección de la confianza legítima[1].

Por su parte la doctrina del Tribunal Supremo español, con posterioridad, vino a reafirmar en gran parte los criterios sostenidos por el Tribunal de Justicia europeo. En su labor, vale resaltar la sentencia del 5 de marzo del 1993 donde se reconoció la responsabilidad por cambio legislativo “por apreciar que los particulares perjudicados habían efectuado fuertes inversiones, que se vieron frustradas, fundados en la confianza generada por medidas de fomento del gobierno que a ello estimulaban” En la misma sentencia estableció que “la virtualidad de este principio puede comportar la anulación y, cuando menos, obliga a responder en el marco comunitario, de la alteración -sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta económica, proporcionada al interés público en juego o sin las debidas medidas correctoras o compensatorias-, de las circunstancias económicas habituales y estables generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento”[2].

De toda la labor jurisprudencial puede resumirse que ante el alegato de cambios normativos como justificación de la violación a la confianza legítima, debe siempre tratarse de derechos consolidados, y no de simples expectativas. Otro punto determinante es que ante el enfrentamiento del interés privado de quien alega la vulneración de su confianza y el interés público, primará éste último para la conservación del acto, sin perjuicio del posible derecho a ser indemnizado el primero. Como punto a favor para quien alegue violación al principio de confianza legítima, se encuentra el hecho de que la norma haya sido aprobada por sorpresa (de manera imprevista), y sin medidas compensatorias o transitorias que amainen el perjuicio.

En definitiva, los tribunales siempre han sido cautos y algo restrictivo respecto a la aplicación del principio, pues lo que la jurisprudencia quiere evitar es la petrificación del ordenamiento jurídico ante el dinamismo de las realidades sociales y económicas del mercado.

“La actitud restrictiva del Tribunal frente a la confianza legítima proviene del carácter perturbador que este principio tiene frente a los objetivos de los poderes públicos, e incluso puede cuestionar otros principios generales, especialmente el de legalidad. Por ello, solo se considera infringida la confianza legítima cuando la medida normativa tomada es legal, pero hasta tal punto desestabilizadora que rompe los límites razonables en las relaciones entre la Administración y los administrados”[3] .

La República Dominicana frente al Principio de confianza legítima.

Desafortunadamente, la República Dominicana no cuenta con un texto legislativo que consagre en el ámbito del derecho administrativo la protección de la confianza legítima. Esta ausencia del marco legal, pudiera explicarse en la timidez jurisprudencial al respecto, pues en los países europeos ha sido siempre la jurisprudencia que se ha adelantado a la norma, derivando la confianza legítima de otros principios generales del derecho.

Con certeza afirmamos que en tan solo una ocasión la Suprema Corte de Justicia se ha referido a la confianza legítima. Para ello, se sustentó en el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 47 de la Constitución. En esa oportunidad la Suprema Corte expuso que ¨en efecto, cuando este canon (Art. 47 Constitución) se refiere a situaciones establecidas conforme a una legislación anterior, alude necesariamente a la teoría o doctrina de los derechos adquiridos que se identifica con el principio de la irretroactividad de las leyes, de lo que se infiere, por lógica jurídica, que sería retroactiva toda ley que altera o alterara derechos adquiridos, no simples expectativas, establecidos conforme a una legislación anterior; que la supresión o desmonte o variación de los beneficios fiscales que otorgó la Ley No. 28-01 a las empresas que se establecieron en la zona especial de desarrollo fronterizo, no sólo vulnera, como válidamente afirman los impetrantes, el principio que prohíbe a la ley regir la validez y los efectos de situaciones jurídicas nacidas antes de su promulgación, salvo las excepciones previstas en la Constitución, sino el derecho a la seguridad jurídica o a la confianza legítima, como se le llama en derecho europeo, y que es definida por la mejor doctrina, expresando que la misma consiste en la confianza que tiene en un Estado de Derecho el ciudadano en el ordenamiento jurídico, es decir, al conjunto de leyes que garantizan la seguridad y el orden jurídico”[4].

Respecto de dicha decisión lo bueno fue que la Suprema Corte de Justicia plasmó la existencia del principio de confianza legítima, con lo que no estamos de acuerdo es con la interpretación hecha por el Tribunal, ya que no era éste precisamente el caso donde se podía hacer acopio de este principio, ya que la interpretación correcta era aplicarle efectos ex nunc (para futuro) a la nueva normativa mediante una sentencia interpretativa.

En ocasión más reciente la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte Constitucional, sin entrar en detalle sobre el principio de confianza legítima, sí se refirió al tema de las simples expectativas de derechos versus los derechos adquiridos[5] para señalar que los primeros pueden ser alterados por la legislación en contraposición a los segundos. Sin embargo no se aclaró que de manera excepcional los derechos adquiridos pudieran alterarse si el interés general lo justifica, si se hace de manera gradual y tomando medidas compensatorias para los afectados y con efectos ex nunc. Dice al respecto Parejo Alfonso apoyado en la doctrina del Tribunal Constitucional Español, que es constitucional la variación, en sentido restrictivo y con eficacia ex nunc, del régimen jurídico preexistente de los derechos individuales[6].

Obviamente, constituye otro tema de estudio y amplio debate el de la correcta determinación de si nos encontramos en presencia de esos derechos adquiridos o derechos individuales y cuando nos encontramos frente a simples expectativas.

Bibliografía:

BERMUDEZ SOTO, Jorge. “El principio de confianza legítima en la actuación de la administración como límite a la potestad invalidatoria”. Revista de derecho (Valdivia). Vol.18, No.2, Dic. 2005, En línea http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09502005000200004&script=sci_arttext [Consulta del 8 de octubre del 2009]

COVIELLO, Pedro José Jorge. La protección de la confianza del administrador: derecho comparado y derecho argentino., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1ra edición, 2004

DE ABREU MACHADO DERBI, Misabel. “La buena fe en el derecho tributario”. Estudios de derecho tributario, constitucional e internacional. Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2005

FERNANDEZ MARTINEZ, Juan Manuel y otros. Diccionario Jurídico. Editorial Thomson Arazandi, Navarra, 2006, 4ta. Edición

GARCIA MACHO, Ricardo. “Contenido y límites del principio de la confianza legítima: Estudio sistemático en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia”. Revista Española de Derecho Administrativo. No. 56, Octubre-Diciembre 1987

GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo, Editorial Thomson Civitas, Madrid, 2005, 12va. Edición, Tomo I.

PAREJO ALFONSO, Luciano. Derecho Administrativo. Ed, Ariel, Barcelona, 2003, 1ra. Edición.

SANCHEZ MORON, Miguel. Derecho Administrativo. Editorial Tecnos. Madrid, 2007, 3ra Edición

SANZ RUBIALES, Iñigo. “El Principio de Confianza Legítima, limitador del poder normativo comunitario” Revista de Derecho Comunitario Europeo. Año No. 4, No. 7. Enero-Junio 2000.

Citas:

[1] Cfr. GARCIA MACHO. Ob. Cit., p. 557 y ss.

[2] Cfr. COVIELLO. Ob. Cit.

[3] GARCIA MACHO. Ob. Cit. p. 566

[4] Suprema Corte de Justicia. Pleno. No. 1, 7 de marzo de 2007. B.J. 1156

[5] Suprema Corte de Justicia. Pleno. No. 2, 13 de agosto de 2008. B.J. 1173. No quiere decir ello que compartamos todo el contenido o razonamiento de dicha sentencia.

[6] PAREJO ALFONSO. Ob. Cit., p. 343.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com