Por Elvira Guillén Santo Domingo, República Dominicana.-Participación Ciudadana (PC), demanda del Ministerio Público cumplir con su responsabilidad de investigar, identificar y acusar a los autores y cómplices de sobrevaloración y soborno en la compra de los aviones Súper Tucanos.
PC recuerda que desde el año 2007 se denunció que los montos de compra eran muy elevados en vista de que los 8 aviones adquiridos carecían de capacidad de vuelo nocturno por falta de los equipos de navegación y de artillería, mientras que esos mismos aviones adquiridos por el gobierno de Colombia fueron vendidos por un precio significativamente menor.
Expresa que después de nueve años el escenario es otro y la empresa EMBRAER admitió el soborno y falseo de datos en los contratos a funcionarios en India, así como soborno a funcionarios de Arabia Saudita, República Dominicana y Mozambique, para ser beneficiarios en la compra de sus aviones.
El grupo cívico no partidista, indica que en República Dominicana se incrementaron los valores del contrato para desembolsar conjuntamente con el precio, los pagos a funcionarios con influencias en las compras militares y en la aprobación del contrato en el Congreso Nacional.
Añade que dicho reconocimiento fue admitido frente a las investigaciones realizadas desde el 2010 por la Agencia Reguladora del Mercado de Valores y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dicha empresa tiene acciones colocadas en la bolsa de valores de Nueva York cuyos pagos de soborno pasaron por el sistema financiero de EE.UU.
Además, la empresa acordó pagar US$205 millones a Estados Unidos y Brasil para cerrar el caso, US$107 millones en penalidad por esas acciones y entregará US$98 millones en multas y compensaciones por las ganancias producto de prácticas corruptas a la Agencia Reguladora del Mercado de Valores de EE. UU., según notas de prensa oficiales del Departamento de Justicia y cobertura de los diferentes medios de comunicación.
PC partidista entiende que en el caso de la República Dominicana, el Ministerio Público debe asumir un compromiso efectivo y perseguir los actos de corrupción aún frente a los opositores estatales y militantes partidarios, que son los que dentro y fuera del Estado defienden y se benefician del crimen organizado.
