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Santos ordena prolongar negociaciones con opositores a acuerdo con FARC

Publicado por Leonardo Rafael Martínez

BOGOTÁ.- || AFP.– El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó prolongar las conversaciones con los opositores al rechazado acuerdo de paz con las FARC, que el gobierno preveía finalizar este jueves para alcanzar con celeridad un pacto y superar un conflicto armado de medio siglo.

Ordené “esta mañana que prolongaran esas negociaciones uno o dos días más”, dijo el mandatario desde Belfast, donde se encuentra como parte de una visita de Estado de tres días al Reino Unido, según un comunicado divulgado en Bogotá.

El presidente hizo mención a las reuniones con los representantes de partidos que en el plebiscito del pasado 2 de octubre votaron “No” al acuerdo firmado en septiembre con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal guerrilla del país, tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba.

Luego de que una estrecha mayoría de colombianos rechazara lo pactado, Santos comenzó negociaciones con la oposición, liderada principalmente por el expresidente Álvaro Uribe, para llegar a un nuevo acuerdo.

Estaba estipulado que dichos diálogos finalizaran la víspera y que este jueves las partes se reunieran de nuevo para revisar el documento base, realizado a partir de 410 propuestas recibidas, y luego llevarlo ante las FARC en Cuba.

Según la Presidencia, Santos, flamante premio Nobel de Paz por sus esfuerzos para poner fin a una conflagración interna que ha dejado unos ocho millones de víctimas, recibirá “entre el viernes en la noche y el sábado en la mañana” un “informe de los avances para poner en marcha lo más pronto posible los acuerdos de paz”.

Para ello, pidió al alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, regresar a La Habana para “avanzar” en las renegociaciones con las FARC y al jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, permanecer en Bogotá dialogando con los voceros del “No”.

Los opositores han criticado principalmente la “impunidad total” y la elegibilidad política que, en su concepto, otorgan los acuerdos a los guerrilleros responsables de delitos atroces.

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