Por Humberto Salazar
Dice un refrán que ¨no hay mal que por bien no venga¨ y otro pregona que ¨no hay nada malo que no tenga algo bueno¨ y lo ocurrido con la declaración de inadmisibilidad de la forma en que se llegó al acuerdo entre el Estado dominicano y Odebrecht, que hizo el Coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional Magistrado José Alejandro Vargas, contiene algo de ambas expresiones del refranero popular.
Al Juez Vargas se le sometió por parte del Ministerio Público un expediente cuya gravedad merecía un trato procesal que iba más allá de una simple conciliación entre las partes, y es que hablamos de un caso que ha estremecido las instituciones políticas de varios países latinoamericanos, es decir, los hechos justificaban un tratamiento diferente.
El acuerdo entre el Estado dominicano y Odebrecht, fue sometido al juez para que fuera homologado, es decir validado de modo tal que con una sentencia aceptara lo que se negoció en todas sus partes y se procediera a la ejecución sin necesidad de que se realice un juicio.
Solo que de acuerdo al Juez Vargas, no procede resolver el haber cometido cargos tan graves, como la confesión de haber entregado sobornos, que es lo que aceptó la compañía Odebrecht en su aceptación de cargos ante la justicia de los Estados Unidos, con un artículo del código penal que tiene como objetivo resolver ¨contravenciones, infracciones de acción privada, infracciones de acción pública…¨ entre otras, es decir situaciones en la que se busca conciliar entre querellante y querellado.
Y bajo este criterio, para proceder a la homologación del acuerdo ¨se requiere de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica¨, o lo que es lo mismo, procede a la devolución del acuerdo para que se trate de forma mas seria el sustento de una solución económica que es la única salida que tiene el país con el tema de la empresa brasileña y su confesión del pago de sobornos en el país.
Para nada y en ninguna parte de la resolución del Magistrado Vargas, se realiza un juicio de valor sobre el contenido del acuerdo, la única razón que arguye, y con toda la razón del mundo, es que hay un fallo en el procedimiento legal que se usó para llegar a esta conclusión del caso Estado-Odebrecht, y que debería buscarse un justificativo de mayor rigurosidad por la gravedad de los hechos cometidos.
Ahora, lo bueno que tiene la resolución y el debate sobre la decisión del juez, es que se reafirma que el Ministerio Público tiene todo el derecho de negociar acuerdos de este tipo, se aclara que el convenio económico solo exime de ser perseguidos penalmente a los directivos de Odebrecht y sus empleados, todos de nacionalidad brasileña y fuera del alcance de la justicia dominicana.
Lo cierto es que lo que ha buscado en primera instancia la justicia dominicana, es una vía de solución similar al acuerdo a que llegaron los Estados Unidos y Suiza, que son los países por medio de los cuáles estalló el escándalo en varios países de latinoamérica, y que en ambos casos solo recibirán una importante suma de dinero a cambio de la extinción de un proceso penal imposible de realizar.
Porque no entendemos, solo se explica por la manipulación política de todos los temas en el país, que pretendamos en la República Dominicana llevar a cabo una acusación penal en contra de los principales directivos de Odebrecht, que todos están en Brasil, y que en el caso de Emilio y Marcelo Odebrecht, los directivos mas altos, ya hicieron acuerdos que los condenan a penas de cárcel en su país.
Qué va a obtener el país como resarcimiento por los US$92 millones de dólares que confesó la compañía Odebrecht haber pagado en el país a un intermediario o representante comercial, para ser usado como pago de soborno a funcionarios públicos, si alarga el proceso e intenta llevar ante los tribunales a personas sobre las cuáles no tiene poder alguno y ni siquiera podrá traerlos al país a prestar declaraciones.
En la vida hay que usar siempre la racionalidad e intentar comprender cuál es la situación real en que se desenvuelven los hechos, al haber declarado inadmisible la forma no el fondo, el juez Vargas ha devuelto un acuerdo que tendrá que ser homologado, porque en caso de que se intente usar la vía de la acusación directa contra los directivos de Odebrecht, simplemente estaremos como país perdiendo nuestro tiempo.
Queda claro, que el acuerdo donde la República Dominicana recibirá US$184 millones de dólares como pago por los delitos cometidos, no detiene las investigaciones para identificar a los culpables de haber recibido los sobornos que confesó la compañía Odebrecht, contra quienes , si es que se obtienen las pruebas para llevarlos a juicio, serán también los jueces los que decidirán su suerte.
Lo bueno que tiene todo este escenario creado a partir de ayer por el Juez José Alejandro Vargas, es que es posible que algunos ahora entiendan de la impertinencia que comenten cuando piden la intervención del Poder Ejecutivo en temas que no le competen, estos son situaciones de decisión exclusiva del Poder Judicial, y ahí es que deben siempre quedarse.
Quizás con esto se logre en algo entender, que en la República Dominicana se deben dejar actuar a las instituciones, y lo ocurrido ayer en el 10mo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, es un muy buen ejemplo.
