Por Jesús M. Guerrero
En las últimas semanas, la empresa Lajun Corporation, propietaria de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa ha restringido el horario y se niega a facilitar el servicio a los cabildos del Gran Santo Domingo; para imponer un aumento abusivo en la tarifa.
No permitir que las alcaldías descarguen los desechos sólidos en Duquesa. Es fomentar el colapso del sistema de recogida de basura del Gran Santo Domingo; la propagación de enfermedades y demás consecuencias que afrontará la ciudadanía, han importado muy poco para esta empresa.
Por más gestiones que ha realizado el ministro de medio ambiente, quien fuera designado por los alcaldes que dirigen los diferentes municipios que conforman el Gran Santo Domingo; la empresa continúa con una actitud medalaganaria desvelando la ciudad.
De colapsar la recogida de basura estaremos en una situación de emergencia, por la sencilla razón que incidirá en acelerados brotes de enfermedades, contaminación y demás perjuicios que afectaran a los menos privilegiados.
Nos vemos obligados a realizar las siguientes preguntas, ¿Cuándo esta empresa adquirió los terrenos?, ¿Cómo proveen este servicio a los ayuntamientos, habrán cumplido con lo establecido por la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios Obras y Concesiones?
¿Quiénes son los propietarios de esta sociedad comercial?, que sin el menor esfuerzo, han desplegado todo tipo de manifestación de fuerza para evitar que los municipios puedan verter los desperdicios en el vertedero.
Sin embargo, nadie responde estas interrogantes y solo sabemos que la mayoría de los alcaldes actuales encabezan nuevas administraciones municipales y están enfrentando un problema que les fue dejado por las pasadas gestiones, como uno de los tantos obstáculos que han tenido por delante; producto de la desidia de sus predecesores.
La única explicación de la existencia del contrato fue dada por el ex alcalde de SDN. Afirmando que fue obligado por los que fueron sus homólogos, a firmar el documento; excusa tan vacía que no aclara nada sobre esta polémica.
Pero deberíamos hacer un ejercicio de lógica simple, si el contexto fuese diferente y son los alcaldes que trataran de rescindir el contrato causando un menoscabo a Lajun. Estos estarían alegando la famosa vulneración a la seguridad jurídica e incumplimiento contractual por parte de los cabildos.
Alterar las condiciones establecidas en el referido contrato para aumentar sus beneficios, por medio de tácticas comparables con las utilizadas por usureros para cobrar deudas para obligar a las alcaldías a cumplir con dichas demandas; es una chicana de la peor índole.
No se puede someter a la ciudadanía al desasosiego por el simple interés pecuniario; sin tener el mínimo reparo ante las consecuencias de tales acciones. Lajun debería saber que de tanto apretar la tuerca se puede correr.
No pueden imponer su interés individual ante el bienestar de la colectividad, o proporcionan el servicio del vertedero o se busca otra alternativa que favorezca a todos los que son perturbados por esta compañía.
