De políticos y testimonios legales

Valentin Medrano 2
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Por Valentin Medrano Peña

De los políticos. Quién entiende a nuestros políticos? Cómo pudimos desdoblarnos tanto?.

Durante años hemos visto las acusaciones y contraacusaciones que se lanzan por los medios cual baldón con la finalidad de mitigar el crédito público y su afianzamiento en la intención del electorado.

Estas acusaciones siempre carentes de pruebas se entendieron parte de una cultura de descrédito que se denominó campaña sucia, aún fuera en el periodo previo o posterior a la aperturada campaña electoral.

En muchas ocasiones los escritos imputacionales fueron catalogados como pasquín, y la duración de los efectos del ruido que causaban se limitaba al día de las elecciones, fecha en la que de forma justificada o no, surgía un nuevo discurso vejatorio respecto a la acusación de fraude y acciones repudiables en las elecciones, que tenían por igual un corto periodo de vida. Este símil conocido por todos se parece a lo ocurrido con los testimonios en materia jurídica.

Del Testimonio. Esta prueba que nació como la madre de las pruebas a nivel punitivo, cedió ante otros medios de pruebas por su subjetividad y los intereses que encarnaba.
Por medio a jurisprudencia sentada se le redujo el crédito al testimonio de las víctimas o quejosos por entenderlos interesados y es verdad, luego afloraron otros intereses descubiertos por la ciencia jurídica que movieron a una mayor exigencia científica de los medios probatorios de condena o absolución. Aunque algunos tribunales se mantienen atados a la obsolescencia.

Tal ha sido el desplome del testimonio hasta la apertura en respeto al derecho a la libre expresión del pensamiento que podríamos decir que en la sociedad moderna se tolera un mínimo de mentiras, un mínimo de infamia y un tanto de difamación, lo cual se acrecenta en cuanto a la permición dependiendo de si se trata de un funcionario público o no, pues sentencias firmes ordenan que la coraza protectora de la honra de estos cuya protección obliga la constitución sea reducida al mínimo.
Dicho esto, entonces estamos en una sociedad que debe probar científicamente las imputaciones y que manda a descreer y es lo correcto del simple testimonio, pues este se reduce al final a la palabra de una persona contra la palabra de la persona a quien se imputa, siendo una violación al principio de igualdad constitucional dar valor a una en desmedro de la otra, razón por la cual siempre se ha enseñado que la balanza probatoria de la justicia está ligeramente inclinada a favor de los imputados, pues la carga que ha de llenar la imputación debe ser mayor a la presunción de inocencia.

Entonces, si todo lo dicho hasta aquí es cierto, es jurídico y responde al trato obligado a está figura, porqué nuestros políticos y nuestros abogados en licencia, pues algunos al asumir su condición de políticos dan la impresión de que cuelgan con la toga su pensamiento jurídico, cómo es posible reiteramos, que se quiera aceptar una supuesta confesión o afirmación no corroborada por otro medio de prueba como suficiente para enjuiciar y condenar a alguien?
Porqué dejan de cuestionarlo todo, siendo esto una obligación de quien investiga u obra científicamente?, Cuándo entenderemos que podremos ser útil y ganar en el aprecio electoral siendo nosotros mismos y por nuestras calidades y no por las máculas enunciadas en el contrario?

Esto viene a colación porque en este vendaval de situaciones que encierra el caso Odebrecht la sociedad jurídica y por ende el pleno de la sociedad podría salir gananciosa si los principios que norman y fortifican la presunción de inocencia se asientan en nuestro sistema.

Lo mismo ocurre con el sistema de partidos y las posibilidades electorales del “todo político” ya que las imputaciones de financiamiento de campañas por vía de esta empresa puede ser el caldo de cultivo para crear el inexistente tipo penal de financiamiento ilegal de campaña electoral, pues hasta ahora no hay sino una enunciación prohibitiva sin consecuencia en la Ley Electoral que sólo puede considerarse como una afrenta a lo ético.

Que los ex socios del gobierno Maura, Joao Santana o Felucho Jimenez digan, señalen, acusen de forma especulativa, no llena las exigencias jurídicas modernas de la imputación objetiva. Y en los casos primeros se puede tratar de la procura de mejor trato en sus encauzamientos, y en el segundo, de una incorroborada afirmación que más bien parece responder a un malestar de quien fuera uno de los jefes de campaña del actual mandatario dominicano y a quien quizá no le concedieron sus apetencias.

Hubiera sido responsable que la afirmación de conocimiento de sobrevaluacion por el endemoniado Comité Politico del PLD estuviera acompañada de un acta que recogiera el punto como tratado o al menos una grabación de dicha reunión, haciendo mención de quienes participaron de forma específica y quienes estuvieron ausentes, de si fue objeto de discusión o votación y el comportamiento en ese sentido, además de establecer claramente su postura personal para saber si se trata de alguien que siempre estuvo en contra de su argüida corrupción o de un arrepentido, lo que le daría un trato específico en sede penal.

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