Santo Domingo, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió al Tribunal Constitucional ratificar en todas sus partes la sentencia del juez Máximo Matos, de la ciudad de Barahona, contra profesores que hicieron una huelga indefinida que perjudicó a los estudiantes.
El presidente de esta entidad, Trajano Potentini, entiende que ese fallo sienta un precedente en materia del sagrado derecho y bien público, que hoy por hoy constituye el derecho a la educación, indispensable para el desarrollo y combate a la pobreza en la República Dominicana.
Hace causa común con la asociación de padres, madres tutores y amigos de la escuela (APMAE), Instituto Tecnológico Dr. Federico Henríquez y Carvajal de la ciudad de Barahona, al suscribir y reclamar del TC, mediante escrito de intervención voluntaria de amparo, el garantizar el derecho fundamental a la educación como servicio público prioritario.
Para Potentini, el derecho a la educación tiene un carácter instrumental, del cual depende el ejercicio pleno y desarrollo de otros derechos; tales como la dignidad humana, el libre desarrollo, el derecho al trabajo e incluso la libertad de expresión, además del interés superior de los niños, entre otras prorrogativas y facultades conexas.
Entiende que en un ejercicio de ponderación y pesaje de dos derechos fundamentales en posible conflictos, como el derecho a la educación versus el de la huelga o protesta, el primero tiene preeminencia sobre el segundo, en razón de que el plantear una huelga indefinida como el caso de la especie, pondría indefectiblemente en peligro el año escolar.
En tal sentido reconocemos que los profesores siempre tendrán derecho a la protesta, pero bajo modalidades y formas que no afecten el bien público y derecho prioritario a la educación, lo cual constituye sin lugar a dudas un presupuesto base del Estado Social y Democrático de Derecho, proclamado por nuestra carta magna en su artículo 7.
En la sentencia, el juez Matos condenó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Barahona, al pago de un astreinte diario de 50 mil pesos, por cada día perdido de docencia.
