Por Humberto Salazar
Desde el viernes se ha expandido por todo el mundo el mayor ataque cibernético que hayan realizado los llamados hackers, desde que se expandió en uso de las computadoras, es mas para hoy lunes se espera que el ataque se renueve al llegar millones de personas a sus puestos de trabajo y al dar su primer click salga el aviso del denominado ¨Ramsonware¨.
La alarma consiste en la infección de un virus informático que actúa sobre el sistema operativo Windows, y que encripta los datos del equipo atacado, es decir oculta todos los datos a través de una serie de formulas matemáticas muy complejas denominadas algoritmos, pidiendo para devolverlos que se paguen sumas que van hasta 300 dólares para enviarles un código que devuelva los datos al usuario.
Casi 100 países han sido afectados por este virus, importantes multinacionales como Telefónica, el Banco Santander y Telecom, entre otras, tuvieron que desconectar sus equipos informáticos, en gran parte de la red de hospitales de Gran Bretaña, Catalunya, Rusia y decenas de países, no aparecieron los datos para egreso de los pacientes, las historias clínicas y todo se volvió un caos.
Es decir, durante estos días hemos seguido atentamente el desarrollo de la actuación de un grupo de delincuentes del siglo XXI, que se especializan en construir estos virus informáticos, que cual si fueran seres humanos infectan los programas de computadoras, y en este caso exigen una suma de dinero en bitcoins (criptomoneda muy difícil de seguir) para liberar la información que mantienen secuestrada.
Cuando hablamos de hackers entonces hablamos de violadores de la ley, es decir de ciber-delincuentes que usan sus avanzados conocimientos en procesamiento de datos y tecnología para ingresar, en el caso de los ¨Black Hackers¨, en equipos con material sensible de diversos tipos violando sus sistemas se seguridad y al hacerse de los datos puede intentar conseguir un ingreso económico o difundirlos para causar todo tipo de daño.
Pues cuando se habla de los llamados ¨Papeles de Panamá¨, de lo que se trata es del robo de 11.5 millones de documentos que incluyen: nombres y apellidos, números de pasaportes, correos electrónicos, cuentas bancarias, registros telefónicos y todo tipo de información confidencial que la firma de abogados Mossack Fonseca con sede en Panamá archivó durante mas de 40 años de trabajo.
Dentro de estos documentos se encuentran la información confidencial de manejos oscuros de cuentas offshore, es decir, cuentas que se encuentran ubicadas en los denominados ¨paraísos fiscales¨, usados por los ricos y famosos de todo el mundo para en primer lugar huir de los altos compromisos de pagos de impuestos que existen en sus países y también para ocultar capital obtenido de forma fraudulenta por políticos y empresarios.
Estos paraísos fiscales pueden estar ubicados en los mas diversos países, que van desde le mismo Panamá, pasando por las Islas Británicas del Caribe, lugares tan lejano como el sudeste de Asia o tan cercanos como los estados de Delaware y Nevada, entre otros en los Estados Unidos de América.
Cuando se obtienen estos documentos de una forma irregular, que es el caso del robo o hackeo como fue denunciado por los dueños de la empresa de abogados Mossack-Fonseca, estos no pueden ser usados en un tribunal, y lo que ha ocurrido en países como Islandia, donde su primer ministro fue acusado de tener empresas dadas a conocer por esta filtración o funcionarios de diversos gobiernos, es la renuncia y destrucción de sus carreras políticas.
En otros países donde la opacidad no tiene problema porque sus gobernantes actual de modo autoritario, como es el caso de Rusia donde el mismo Vladimir Putin fue acusado de estar dentro de los llamadas ¨Papeles de Panamá¨, un simple desmentido le sirvió para salir del tema y cerrarlo definitivamente.
En la República Dominicana, el Ingeniero Diandino Peña fue confrontado hace una semana con una serie de empresas que se decía, en un recuento hecho en su presencia por la periodista Alicia Ortega, que eran de su pertenencia y al parecer fue sorprendido con la realización de un reportaje, que asumimos no conocía el contenido del cuestionario a que iba a ser sometido.
Las negativa por su parte de la existencia de esas empresas hubiera creado una confusión en la opinión pública, porque hubiese sido su palabra en contra de la de la periodista, la cual tenía en sus manos una serie de documentos cuya veracidad era prácticamente imposible de verificar porque su procedencia es irregular.
Solo que Diandino Peña tuvo una defensa tan débil de lo que, es según el, una practica usual de los empresarios en cuanto a construir conglomerados de empresas de modo que se diluya el capital que poseen en consorcios de nombres inventados y manejados por abogados como Mossack-Fonseca en cuentas de paraísos fiscales en el exterior, que su caso se convirtió en inmanejable aunque se quisiera confiar en su palabra.
No sabemos si todo lo que se ha dicho es verdad o mentira, quizás son medias verdades y medias mentiras de lado y lado, lo que si no era sostenible bajo ningún concepto, y para cumplir la ley 311-14 de Declaración Jurada de Bienes, la cual obliga a todos los funcionarios públicos en su artículo 5 a : ¨declarar dentro de los 30 día de su toma de posesión……la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y los de la comunidad conyugal¨.
Si la que se leyó es la declaración jurada de Diandino Peña, quien se la hizo es su enemigo, ya que nadie va a creer en este país que lo declarado es su patrimonio familiar y conyugal, eso es un imposible para una persona que como el mismo lo admitió, tiene mas de 45 años construyendo en el sector privado y es dueño o gerente, como también lo admitió, de 22 de las empresas mencionadas en el reportaje al que accedió a ser cuentionado.
Y si ese documento esta lleno de inexactitudes u omisiones de bienes, como parece ser de acuerdo a las palabras del mismo Diandino Peña, entonces no le quedaba mas remedio al Presidente de la República Danilo Medina que proceder a su destitución, de acuerdo al articulo 14 de la ley antes mencionada, que declara como falta de grave o de tercer grado a la luz de la Ley de Función Pública 41-08.
Dicha ley dice claramente que la acción que debe tomar el ejecutivo ante una falta grave en contras delo funcionario que la cometiere, es proceder a su destitución, que es exactamente lo que hizo el Presidente Medina el pasado viernes, cuando emitió el decreto que sustituye a Diandino Peña al frente de La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), ya que el primero que debe exigir de acuerdo a su juramento con el cumplimiento de la ley es el Jefe del Poder Ejecutivo.
De lo sublime, una red sistemas informáticos violados en sus partes mas intimas por oscuros hackers que secuestran información y piden dinero a cambio de su liberación, pasando por las puertas de una oficina de abogados, famosas entre los famosos, por su capacidad para ocultar capitales detrás de redes de compañías cuidadosamente guardadas en sistemas que creían inaccesibles.
Hasta lo ridículo de caer del pedestal de la empresa de transporte mas importante del país, el metro de Santo Domingo, por presentar una declaración jurada de bienes que parece llena por una secretaria de tercera categoría, que al parecer nunca leyó los requisitos necesarios para que esos datos fueran aceptados por la Camara de Cuentas, increíble pero cierto.
