ROMA (EFE).- La descoordinación y las políticas divergentes entre ministerios están reduciendo el impacto de la lucha contra el hambre en los países pobres pese a los fondos que obtienen de la cooperación internacional, indicaron hoy expertos de la FAO.
El especialista de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Karel Callens explicó en un acto que se necesitan más coordinación y datos para poner en marcha las políticas a nivel nacional porque “se ha demostrado que no por aumentar solo la producción agrícola disminuye la inseguridad alimentaria”.
En ese sentido, consideró importante estudiar la contribución de los sectores a la seguridad alimentaria, las instituciones que operan en un país, el contexto económico y las oportunidades a nivel político para combatir el hambre de forma más efectiva.
La agencia de Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) están colaborando desde 2015 en un programa de asistencia para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en países en desarrollo y dar valor agregado a los más de 8.000 millones de euros que con ese objetivo la Comisión Europea ha comprometido hasta 2020.
Ambas organizaciones han analizado experiencias concretas de cooperación y elaborado unas guías para ayudar a armonizar las políticas en ámbitos como los de la pesca y la acuicultura, la ganadería, la protección social, el cambio climático o la igualdad de género.
El representante de la Comisión, Gianpietro de Cao, detalló que esta iniciativa se encuadra dentro del cambio que están llevando a cabo en su política de cooperación, pasando de centrarse en los proyectos a un “enfoque presupuestario” con el que destinar a los gobiernos todos los fondos al desarrollo para que se ocupen ellos directamente.
Por ahora 23 países están recibiendo apoyo del programa de la FAO y la UE con vistas a aumentar “el diálogo político” a largo plazo y, de ellos, 16 están recibiendo fondos europeos a través de la modalidad de ayuda al presupuesto.
“Los distintos ministerios no siempre hablan entre sí y queremos facilitar ese debate”, remarcó De Cao, que aseguró que, a pesar de poder contar con políticas y leyes, muchas veces los gobiernos solo tienen recursos para pagar a los funcionarios y se quedan sin destinarlos al terreno.
Como ejemplos de cooperación, señaló que la UE ha aportado 14 millones de euros a Costa de Marfil para que entregue certificados de propiedad de tierra a los pequeños productores y otros 30 millones para los pequeños ganaderos en Colombia, país con el que negoció un acuerdo comercial, en vigor desde 2013.
También se expusieron los casos de Camboya, donde la capacidad limitada del Gobierno y la escasa implementación de las políticas están frenando los avances en nutrición, y del oeste de África, donde no existen estrategias y medidas de coordinación efectivas en el sector pesquero a nivel regional.
La experta en pesca de la FAO Nicole Franz precisó que en diversas partes de África las autoridades deciden vender el derecho de explotación de los recursos pesqueros a otros países o a las grandes compañías industriales y comerciales en detrimento de los pequeños productores.
“Limitar a la población local el acceso y uso de esos recursos puede poner en riesgo sus medios de vida si no se introducen otras medidas como las de protección social”, según Franz, que llamó a valorar más la importancia de la seguridad alimentaria y la nutrición en la pesca, y a contar con todos los actores que participan en ella, incluidos aquellos que trabajan de manera informal. EFE
