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Llevan a la SCJ anulación del contrato Vertedero Duquesa

Solicita a Compras y Contrataciones la inhabilitación del registro de proveedor de Lajún, ya que no hubo licitación pública nacional  que vincule el contrato suscrito con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte

Santo Domingo, República Dominicana.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), sometió por ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso que busca que la Corte de Casación anule una decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA),    que otorga la administración del Vertedero de Duquesa a la empresa Lajún Corporation.

El presidente de la FJT, Trajano Potentini explicó que la Segunda Sala del TSA, dos años después de haber sido apoderada por esa organización, se destapó con una sentencia que desconoce la calidad de la sociedad.

Deploró los despropósitos y revés que supone esa sentencia firmada y suscrita por Diómedes Villalona Guerrero, Alina Mora de Mármol y Antonio Sánchez Mejía, al quitarle la posibilidad a los ciudadanos y a las entidades de sociedad civil, de demandar en justicia por las actividades “pocos transparentes y violatoria a la Constitución y las leyes”.

La organización de sociedad civil manifestó que la sentencia No. 00121 carece de toda lógica, estableciendo erróneamente que el contrato de referencia, fue producto de una “licitación pública nacional,  de los cuales la entidad recurrente no formó parte”, desconociendo que el principal motivo para la entidad demandar la nulidad del contrato es que se suscribió sin previamente realizar una licitación pública, como establece la ley 340-06.

Potentini recordó que la Dirección General de Compras y Contrataciones en su resolución No. 53/2014 dispuso que “este órgano rector no ha podido evidenciar la realización de un procedimiento de licitación pública nacional que vincule el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la razón social Lajún Corporation para la administración del Vertedero de Duquesa, suscrito en fecha primero de marzo del 2007 y sus posteriores adendas el 27 de abril del 2009; 06 de junio del 2011 y 10 de febrero del 2014.

 

Además, dijo que, entre las irregularidades y violaciones a la ley que estableció la Dirección de Contrataciones Públicas, mediante la citada resolución, se destacan la no inscripción de Lajún Corporation en el registro de proveedores del Estado, al momento de la contratación, entre otras.

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