LIMA (AP).- Un juez peruano resolverá el jueves si hace lugar al pedido de la fiscalía para enviar a la cárcel de forma preventiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia mientras son investigados por presuntos delitos ligados al caso Odebrecht.
El magistrado Richard Concepción dijo poco después de las 2 de la mañana, tras una maratónica sesión en la que los asistentes se quedaban dormidos por momentos, que anunciará su decisión durante la tarde.
Humala y Heredia no asistieron a la audiencia, lo que está permitido por la ley, pero tampoco fueron vistos por la prensa que el miércoles los esperó en la puerta de su casa en Lima.
El fiscal Germán Juárez, que investiga a la pareja por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, solicitó la prisión preventiva por 18 meses de Humala, de 55 años, y Heredia, de 41, porque considera que ambos podrían fugarse o pedir asilo luego de que las dos hijas de la pareja viajaron a inicios de julio a Estados Unidos junto a la suegra de Humala, quien también es investigada.
Los abogados de la pareja dijeron que las menores no están procesadas, afirmaron que las adolescentes de 13 y 15 años regresarán de Chicago el 1 de agosto y que habían informado con anticipación el viaje al fiscal.
Durante la sesión los defensores entregaron al juez los pasaportes comunes y diplomáticos de la pareja como prueba de que no huirán. “Ella no va a salir, vive aquí, tiene sus tres niños aquí”, dijo Wilfredo Pedraza, el abogado de Heredia y exministro del Interior de Humala (2011-2016).
El fiscal acusó a la pareja de lavar activos tras las campañas presidenciales de 2006 y 2011 y sostuvo que recibieron “dinero de fuente ilícita, la metieron al circuito económico, le dieron apariencia de legalidad con aportantes falsos”.
Juárez explicó que ambos recibieron dinero público de Venezuela para la campaña de 2006 en la que Humala perdió. Añadió que en 2011, cuando Humala ganó, las firmas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron dinero que habría estado destinado a corromper funcionarios y obtener licitaciones. Marcelo Odebrecht, director general de la firma, confesó en abril que entregó tres millones de dólares para la campaña de Humala.
“Se sabe que la penalidad es de al menos 10 años de cárcel por lavado de activos. ¿Qué les queda (a la pareja)? La fuga”, dijo Juárez.
Humala ha negado insistentemente haber recibido contribuciones de empresas brasileñas para sus campañas presidenciales. En Perú recibir y usar fondos de una campaña electoral otorgados por una empresa privada no es delito, pero si se demuestra en un juicio que el dinero tuvo origen ilícito se podría configurar el delito de lavado de activos, según expertos criminalistas.
En diciembre Odebrecht admitió ante una corte judicial de Nueva York que había pagado millonarios sobornos para ganar licitaciones de importantes obras públicas durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala entre 2001 y 2016.
