Las alarmas han saltado. La especulaciones de que Donald Trump pueda decidir exonerar a sus allegados y a sí mismo en la trama rusa han tomado cuerpo. En un tuit lanzado el sábado por la mañana, el presidente de Estados Unidos se atribuye “plenos poderes para perdonar”. Aunque el mandatario no precisa los casos, la señal no ha pasado inadvertida.
Desde hace días, los medios estadounidenses apuntan que Trump ha mantenido reuniones con sus asesores legales para conocer los límites del perdón presidencial. Dada la autoridad de la que está investido, su concesión presenta pocos obstáculos en el caso de terceros, pero hay enormes dudas sobre su autoaplicación. La medida carecería de precedentes sólidos y, en cualquier caso, supondría un escándalo mayúsculo y difícilmente asumible en una democracia basada en la división de poderes y el respeto a la ley.
En este contexto, la frase de Trump (“Mientras todo el mundo acepta que el presidente tiene plenos poderes para perdonar, por qué pensar en eso si hasta ahora el único delito son las filtraciones contra nosotros”) está dirigida a alimentar el debate. No sólo sostiene que sus poderes son plenos, sino que “todo el mundo está de acuerdo” en referencia a un consenso que no existe.
Desde el inicio de la polémica, los asesores de la Casa Blanca han intentado quitar hierro al asunto. Para ellos, la reuniones mantenidas en la Casa Blanca solo tenían carácter “teórico”. La sospecha, sin embargo, se dirige hacía otra dirección. La Casa Blanca ha decidido dar un giro en su estrategia frente a la trama rusa y ha empezado a cuestionar el trabajo del fiscal especial, Robert Mueller. Le ha atacado por la supuesta parcialidad de sus colaboradores y considera que está dejando fuera el periodo en que la investigación de la injerencia electoral rusa estuvo bajo el mando de Barack Obama.
