La Paz, Bolivia | AFP | Una huelga de médicos en Bolivia que va por su tercera semana se radicalizó este martes con la adhesión de anestesistas, mientras seguían protestas callejeras en contra de un proyecto del gobierno de Evo Morales que penaliza la mala praxis.
“La Sociedad de Anestesiólogos ha centralizado (replegado) a sus afiliados, dejando solamente a los médicos de emergencia en los hospitales”, dijo la dirigente de la institución, Janeth Jordán.
Los galenos de los hospitales públicos iniciaron la protesta en rechazo a un proyecto de Código Penal que se discute en el Congreso, controlado por el oficialismo. Uno de sus artículos sanciona la mala praxis con privación de libertad, inhabilitación y reparación económica, y según los médicos su labor será judicializada.
También rechazan otro decreto de Morales que crea una autoridad de control y fiscalización de la salud para los casos de negligencia médica.
Los servicios de emergencia en los hospitales públicos funcionaban con dificultad, mientras el gobierno señaló que la protesta está causando serios problemas a los pacientes.
Los médicos mantienen en pie su amenaza de ingresar a una huelga de hambre, de suspender la atención en consultorios privados e incluso de cerrar por al menos 12 horas la atención en farmacias.
Este martes volvieron a realizar marchas callejeras pacíficas, apoyados por estudiantes de medicina, en varias ciudades del país.
“Estamos todos los profesionales de (la ciudad de) Santa Cruz (este) bloqueando las principales arterias de la ciudad”, indicó el presidente del profesional colegio de medicina de la región, Henry Montero.
El vicepresidente Alvaro García aseguró que existen motivaciones políticas en las protestas y que “hay una doble moral” pues -insistió- había acuerdos previos para viabilizar el nuevo código que ahora han sido desconocidos.
Un Comité civil de Lucha Contra la Negligencia Médica estableció recientemente que en los últimos 25 años se han registrado en Bolivia unos 5.000 casos de mala praxis y que sólo 5% ha tenido una solución legal favorable a las víctimas, después de engorrosos procesos judiciales.
