(EFE).-Representantes oficiales y del sector privado de América Latina, el Caribe y EE.UU. acordaron recomendar a sus Gobiernos adoptar marcos jurídicos nacionales apropiados sobre cibercrimen y pruebas electrónicas, que incluyan otra rama del derecho procesal penal que se ocupe de esa materia.
Así lo establecen las conclusiones del Primer Foro Hemisférico de Cooperación Internacional contra el Delito Cibernético, que se celebró en Santo Domingo con la participación de 34 países de América.
Asimismo, se aceptó la necesidad urgente de trabajar en una nueva normativa, a escala internacional y nacional, con respecto al acceso transfronterizo a los datos.
Las resoluciones incluyen además, en que es vital que las autoridades de justicia penal fortalezcan las capacidades de los operadores del sistema para perseguir los delitos informáticos, a través de cursos de contenido legal y técnico.
También, que los sectores público y privado incrementen la cooperación, de modo que se logre el acceso oportuno a los datos, pues el combate del delito cibernético es responsabilidad de toda la sociedad.
En ese sentido, destacaron algunas iniciativas internacionales de asistencia, tales como el proyecto de Acción Mundial sobre el Delito Cibernético Extendido (GLACY+), de la Unión Europea y el Consejo de Europa; y el Programa de Cooperación Jurídica de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Resaltaron que el cibercrimen socava las oportunidades de desarrollo social y económico que proporcionan las tecnologías de la información, y lesiona los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
El foro fue auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, así como el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Comunidad del Caribe (Caricom) y la OEA. Participaron también, la Interpol y el Departamento de Justicia de Canadá.
