SANTO DOMINGO. La Contraloría General de la República (CGR) valoró como correcta la decisión del Ministerio Público de investigar a los auditores, proveedores y propietarios de los talleres que ofrecieron sus servicios a la OMSA para que sean esclarecidos los hechos que revela el Informe Especial de la Cámara de Cuentas.
El Órgano Rector del Control Interno precisa que sus observaciones al Informe Especial elaborado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), estuvieron orientadas exclusivamente a que esa entidad estableciera con claridad conforme a la Ley 10-07, en sus artículos 23, 25 y 26, quienes son los responsables por el uso y manejo adecuado de los fondos públicos en las instituciones bajo el amparo de esta ley, y no en cuestionar o contradecir los hallazgos que presenta el Informe Especial realizado por el Órgano Rector del Control Externo a la OMSA.
“La Ley 10-07 es muy clara en este sentido, cuando delimita el rol y alcance de las Unidades de Auditoria Interna (UAI) que están instaladas en varias instituciones, por lo que una cosa es la responsabilidad de los delegados de las UAI, y otra cosa muy diferente es la responsabilidad que tienen los incumbentes y los empleados bajo su mando por el resguardo, uso adecuado y protección de los fondos públicos, puestos bajo su custodia”, indica la entidad.
Dentro de la responsabilidad que tiene el incumbente y el personal bajo su mando están de conformidad con el artículo 26 de la Ley 10-07 sobre los Controles Previos, el cual indica que los ejecutores directos de las operaciones o actividades en los diferentes niveles de cada entidad sujeto al ámbito de esta ley, son responsables antes de darles tramites, realizarlas, autorizarlas y ordenar o expedir la respectiva orden o libramiento de pago, de aplicar los controles previos o autocontroles con la finalidad de determinar su veracidad, exactitud y cumplimiento de las normas de ejecución del presupuesto y demás disposiciones legales.
