Tribunal ordena al CODIA entregar información sobre constructora brasileña Odebrechet

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El Lic. Alejandro Alberto Paulino Vallejo, abogado del accionante informó que espera ponerle fin a la práctica de secretismo en el CODIA, “Con esta decisión esperamos ponerle fin al principio de secretismo que impera en el CODIA.

Santo Domingo, RD.- El Tribunal Superior Administrativo ordenó al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y a su Tesorero Guarionex Gómez, entregar las informaciones relativas al presupuesto de las ultimas 10 gestiones de este colegio profesional, hasta la actual, en la que se ha manejado más de un millón de dólares, provenientes de la constructora brasileña Norberto ODEBRECHT.

Mediante la sentencia No. 030-03-2018-SSEN-00177, leída y notificada ayer 18 de Julio por  la Segunda Sala del TSA, expresa que el tribunal ha podido apreciar que al accionante Ing. Livio Mercedes Castillo, le ha sido violentado su derecho fundamental al acceso a la información, pues no hay justificación alguna por parte de los accionados Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y el señor Guarionex Gómez, para la omisión o negativa de entregar copia del presupuesto ejecutado y los cheques con sus soportes de las diferentes gestiones.

El Lic. Alejandro Alberto Paulino Vallejo, abogado del accionante informó que espera ponerle fin a la práctica de secretismo en el CODIA, “Con esta decisión esperamos ponerle fin al principio de secretismo que impera en el CODIA. Además, con esta sentencia del Tribunal Superior Administrativo vamos a apoderar a la Fiscalía del Distrito Nacional a los fines de que se solicite prisión contra el actual presidente del CODIA Juan Ramón Cruz, alias Orlandito, y contra el Tesorero Guarionex Gómez, por haberse confirmado la violación del artículo 30 de la Ley No. 200-04, así como la notificación a las diferentes instituciones públicas, a los fines de que los mismos sean excluidos de las nóminas, incluida la del propio CODIA”.

La Ley 200-04 establece en su artículo 30: “El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años”.

De su lado, el Ing. Livio Mercedes Castillo, dijo sentirse satisfecho con el fallo del Tribunal, “Nos sentimos muy contentos con esta decisión, pues nos vuelven a dar la razón. Tenemos un compromiso de construir un mejor CODIA, con las informaciones que hemos solicitado, podremos demostrar  que siempre hemos actuado apegados a las normas institucionales y legales”.

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