Nicaragua recorta su presupuesto e inversión pública por crisis política

EFE

MANAGUA. Nicaragua recortó ayer en 186,3 millones de dólares su presupuesto de gastos para este año, un 1,3 por ciento de su PIB, en medio de su crisis sociopolítica más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado.

La enmienda, enviada con carácter urgente por el presidente Daniel Ortega, afecta, principalmente, a los programas de inversión pública, las carteras de salud y de educación, y las trasferencias a los municipios, según el proyecto aprobado por los diputados oficialistas y sus aliados.

El recorte presupuestario obedeció a una menor recaudación de los ingresos tributarios de hasta un 9,2 por ciento, y a una reducción de las donaciones y de los desembolsos de préstamos externos, explicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, quien hizo una presentación ante el plenario antes de su aprobación.

El funcionario indicó que las protestas contra el Gobierno de Ortega, iniciadas el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social que han dejado centenares de muertos, también han ocasionado un grave daño a la economía, sobre todo en sectores de turismo, comercio y transporte.

La actividad turística tendrá una reducción de ingresos de 231 millones de dólares este año, dijo.

En tanto, hasta ahora registran el cierre de 8.708 empresas, en su mayoría micro y pequeñas que han dejado sin empleo a unos 71.012 trabajadores del sector formal y a 119.567 en total.

Asimismo, reportó pérdidas por 525 millones de dólares en el sector transporte, incluyendo infraestructura.

Pese al recorte presupuestario, el ministro de Hacienda aseguró que están seguros los 130.000 empleos del sector público que incluyeron en el presupuesto inicial.

El presupuesto general de gastos de 2018 pasó de 2.745,8 millones de dólares a 2.559,5 millones de dólares, 186,3 millones de dólares menos y apenas un 0,9 por ciento más respecto al de 2017.

En tanto, el presupuesto general de ingresos se redujo en 235,2 millones de dólares, un 9,2 por ciento menos del presupuesto inicial aprobado y menor en un 0,7 por ciento al de 2017.

El nuevo déficit presupuestario es de 48,8 millones de dólares, detalló el funcionario.

Algunos de los sectores más perjudicados son el Programa de Inversión Pública, con 129,5 millones de dólares menos; el sanitario, que perderá 26,6 millones de dólares; la transferencia a los municipios, con 23,6 millones de dólares; y la educación, cuyos ingresos mermarán en 19,7 millones.

Para “compensar en parte la caída de los ingresos de recaudación y la política de protección del empleo”, y apoyar el déficit de liquidez que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Parlamento autorizó a Hacienda a buscar mayores fuentes externas de financiación y a emitir bonos hasta por un monto de 280 millones de dólares.

Durante el debate, el diputado y presidente del Partido Conservador, Alfredo César, consideró “insuficiente” ese recorte y no descartó un nuevo ajuste en el último trimestre de este año.

El sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, aceptó que “es una reforma presupuestaria dura y quizás insuficiente”, pero que tienen ir “paso a paso”.

Explicó que el equipo económico del Gobierno, al que pertenece, elaboró esa reforma confiando en que Nicaragua irá retornando “a los cauces de la normalidad” tras las protestas contra Ortega, que calificó como un “golpe de Estado fallido”.

Asimismo, no descartó que el Parlamento apruebe una reforma a Ley de Tributaria para eliminar exoneraciones a las grandes empresas y “que paguen los que tienen que pagar”.

La diputada liberal opositora Azucena Castillo criticó al Gobierno por su “falta de habilidad” para responder a las protestas estudiantiles y preferir el uso desproporcionado de la fuerza.

Castillo advirtió que Ortega, y Nicaragua en general, “pasa por una brecha de descrédito internacional, tanto por el aspecto financiero, como en materia de derechos humanos”, que le impedirá recuperar rápidamente su crecimiento.

El presidente Ortega reconoció ayer el “enorme daño a la economía” por las protestas iniciadas el 18 de abril pasado, que lo obligó a presentar el recorte.

Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones de derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, pero el Gobierno cifra las víctimas en 198, lo que la convierte en la más sangrienta desde la década de los 80.

Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

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