Inicio este escrito con la siguiente frase de George Washington, cito: “Las armas de fuego son las segundas en importancia tan sólo después de la Constitución, ellas son los dientes de la libertad de la gente.”
La modificación constitucional en Latinoamérica ha sido el principal mecanismo utilizado por los mandatarios de turno para perpetuarse en el poder, luego de caídas las dictaduras de la región; vulnerando la alternabilidad democrática, sin reparo alguno, propinando golpes contundentes al quehacer político y a la institucionalidad de sus respectivos países.
Podemos ver el caso de Nicaragua, con un sandinismo desfasado y que reniega de sus orígenes, más tiránico que el régimen encabezado por la familia Somoza. Daniel Ortega que hoy es la antítesis del sandinismo pregonado por Tomás Borges; Ortega escaló los resortes del poder en el año 2007 para un mandato de 5 años, se reeligió en el 2012, luego de que los jueces de la Corte Suprema de Nicaragua, dictaran un fallo que lo habilitaba en el 2011 y en el 2017 pudo aspirar nuevamente y hoy vemos la crisis que ha derramado de rojo la sangre de la juventud nicaragüense. Toda la debacle del sandinismo provino del ejercicio desmedido del poder y luego de dos modificaciones constitucionales encabezadas por Daniel Ortega.
La engorrosa situación de Bolivia, su Presidente Evo Morales tiene 3 periodos de gobierno consecutivos, de esta forma debilitando las instituciones, surgió cuando promovió la reforma constitucional del 2009 para refundar Bolivia. Consagrando que todo ciudadano que ejerza la primera magistratura, solo podría ostentarla por 8 años, pero en el 2013 se promulgó una ley para que Morales pudiese ser candidato y actualmente busca nuevamente retener la presidencia de Bolivia buscando ampliar su mandato hasta el año 2025. Quien ganase la presidencia por primera vez con 54 % en la actualidad exhibe un 31 % de aceptación en las encuestas realizadas, un desplome producto del desgate en el ejercicio del poder y el sometimiento a un estado de desosiego a los bolivianos.
El fallecido expresidente venezolano, Hugo Chávez marchó de la cárcel al poder político. Inmediatamente, al tomar posesión y dar juramento, exclamó que no juraría ante la difunta para referirse a la Constitución venezolana y anunció su proyecto de reforma. La cual fue nuevamente modificada 10 años después de la primera modificación llevada a cabo por Chávez, precisamente para permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida. Por esto gobernó desde 1999 hasta su muerte en el 2013, dejando como herencia la destrucción de Venezuela.
Cito un fragmento del trabajo titulado, Las reformas a la reelección presidencial en América Latina de Ilka Treminio Sánchez, cito: “Uno de los precursores del estudio del presidencialismo desde la vertiente neoinstitucionalista fue Linz, quien expuso que esta forma de gobierno es problemática dadas sus características que incentivan el bloqueo institucional y la inestabilidad del régimen. Los principales elementos definitorios que atribuye a la forma de gobierno es que cuenta con “legitimidad dual”, es decir, que el Ejecutivo y el Legislativo son elegidos a través de elecciones directas; que los periodos de mandato son “rígidos”, pues la duración está establecida legalmente; que es un régimen preponderantemente basado en juegos suma cero, dado que motiva un estilo de política en que el presidente es intolerante con la oposición y que potencia el surgimiento de los candidatos outsiders.” Es decir, el cambio constitucional a imagen y semejanza del presidente de turno, no es más que la abolición de las instituciones y en algunos casos de la propia Constitución. Lo que crea el descontento que dan paso a los Chávez, Ortega, Morales y demás yerbas aromáticas.
Nuevamente cito otro fragmento del trabajo anteriormente mencionado: “El concepto asociado a la idea del peligro que conlleva la reelección presidencial, es conocido como “continuismo” y puede entenderse como la tendencia de algunos presidentes a extender su tiempo en el cargo a través de cambios constitucionales, fraude electoral o por la fuerza. Durante el periodo de democratización de América Latina, la norma consistió en limitar la posibilidad de que los presidentes permanecieran en el poder por más de un periodo, con el objetivo de evitar las tentaciones “continuistas” que por años derivaron en largas dictaduras. Se antepuso a este principio el de la alternancia en el poder que estimulaba la participación electoral de diferentes partidos en la contienda política y la distribución del poder.”
Para nadie es secreto que existen intenciones reeleccionistas sin importar que un tercer mandato consecutivo, signifique retrotraer al país a épocas superadas como fueron los 12 años de Balaguer; cobijados bajo la Carta Magna de 1966. Esto es producto de que miembros del tren gubernamental, han hecho público sus deseos de que permanecer al frente de la cosa pública durante otros cuatro años. No se trata de nada nuevo, puesto que el deseo de perpetuarse en el poder, sin importar el medio, es mal común de nuestros actores políticos.
Partiendo del paralelismo realizado con lo ocurrido en los países anteriormente mencionados, el problema en nuestro caso es que no podemos aspirar a ser un Estado Social y Democrático de Derecho, y ni siquiera exhibir niveles aceptables de institucionalidad, si cada cuatro años modificamos la Carta Magna con el único objetivo de derribar el impedimento legal para la repostulación. En ningún caso, si analizamos la situación electoral que prevalece, podemos concebir razonable estas insinuaciones de que se tratará de modificar la Constitución por segunda vez en menos de 8 años. De hecho, de hacerlo, sería la cuadragésima vez que nuestra Ley Sustantiva se reforma con el único objetivo de habilitar al presidente de turno para que opte por un período de gobierno consecutivo.
A mi modo de ver, eso es inaceptable, al tiempo que pone de manifiesto nuestras instituciones. En algunos países sudamericanos, como anteriormente se hacía en Honduras, se penaliza con la degradación cívica al presidente que proponga extender su mandato, lo que mucho dudo que alguna vez se consagre entre nosotros.
En el pasado, en Honduras, el expresidente Zelaya, quien ejerció la presidencia desde el año 2005 al 2009, como miembro entonces del Partido Liberal, fue derrocado por las acusaciones de conspiración para optar por la reelección presidencial, algo prohibido por la Carta Magna y que el político aspiraba enmendar en un improvisado referendo. Sin embargo, el actual Presidente Constitucional, Juan Orlando Hernández Alvarado logró en el 2017 por medio de vías algo cuestionables. Cito al analista Léster Ramírez en El Heraldo: “Ya sabemos que no se hizo como debería haberse hecho, a través de una consulta popular, sino a través de una interpretación legislativa que hizo la Corte Suprema de Justicia, que le quita un poco de legitimidad al proceso”. Vulnerando la institucionalidad de su país.
Otra intentona de modificación constitucional para habilitar la segunda aventura reeleccionista, debe ser vista como un acto de sedición; difícilmente logremos salir del atolladero institucional si los que conducen el tren administrativo siguen actuando como caudillos y, todavía peor, si quienes medran a su alrededor, para seguir derivando ventajas, reducen nuestro pacto fundamental, norma suprema de la nación, a un mero instrumento de conveniencias que facilite la perpetuación en el poder de quien lo ostente.
Concluyo con la frase de Leandro Alem, cito: “Pero la vida política no puede hacerse sino donde hay libertad y donde impera una constitución.”
Por; Jesús M. Guerrero
