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Alertan en Guatemala sobre aumento de campañas de desinformación en redes

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Las organizaciones ilícitas de Guatemala utilizan cada vez más las redes sociales para conseguir impunidad a través de noticias falsas, discursos de odio y difamación que difunden en los “netcenters”, estructuras físicas o virtuales dedicadas a la manipulación en internet.

GUATEMALA.- Las organizaciones ilícitas de Guatemala utilizan cada vez más las redes sociales para conseguir impunidad a través de noticias falsas, discursos de odio y difamación que difunden en los “netcenters”, estructuras físicas o virtuales dedicadas a la manipulación en internet.

Así se desprende del informe “Bots, Netcenters y Combate a la Impunidad” dado a conocer este lunes por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con el objetivo de ser “un disparador” para concentrar esfuerzos y dar seguimiento a estos núcleos de producción de información “falsa” que representan una “amenaza real a la democracia”.

1. Su funcionamiento en Guatemala

Desde junio de 2016, cuando el ente de la ONU y la Fiscalía lanzaron el caso “Cooptación del Estado”, tuvieron conocimiento de un “despliegue” en las redes sociales de un conjunto de mensajes que atacaban directamente a operadores de justicia, líderes de la sociedad civil, periodistas, fiscales o investigadores.

“Lo más relevante de esta campaña es que se busca desacreditar las investigaciones de casos vinculados a corrupción que están debidamente fundadas”, explica el documento, que busca “describir” el esquema de funcionamiento de los “netcenters” y cómo han afectado a ciudadanos que forman parte de los esfuerzos antimpunidad.

2. ¿Cómo operan?

Los “netcenters”, grupos anónimos que usan múltiples cuentas falsas o no en redes sociales para replicar un relato construido a nivel central, y los bots, programas informáticos que elaboran tareas (o información) repetitiva en internet, crean tendencias de opinión en redes que no necesariamente representan la opinión real de la población.

“Al estar conectadas entre sí forman un efecto derrame, el cual llega a afectar a usuarios reales, buscando modificar o moldear la opinión que estos tengan respecto de una situación en general o particular”, detalla el escrito, que ejemplifica a los “netcenters” como un “enjambre” que siguen las mismas cuentas madre y usan los mismos temas, sin otra actividad.

Los estudios citados en el documento señalan que un “netcenter” (cuenta madre) puede tener un crecimiento de 5 a 10 usuarios falsos por día, lo que equivale a 150 o 300 seguidores al mes, lo que provoca que sean los primeros resultados al hacer una búsqueda y por ende son “un problema real que ocasiona un daño progresivo a la imagen y accionar de cualquier individuo o institución”.

Son como otra empresa, ofreciendo a sus clientes un “abanico” de opciones como generación de imagen pública, comunicación política, posicionamiento de marca, sondeo de contenidos o propuestas, campaña negra o rumores, difamaciones y calumnias, con un coste mensual de unos 7.000 dólares mensuales.

En promedio, cada “netcenter” tiene 20 trabajadores -la mayor parte jóvenes universitarios con necesidad de trabajar y un sueldo de 400 dólares- y cada uno administra cinco perfiles en las redes sociales más utilizadas de Guatemala, Twitter y Facebook, además de correos electrónicos.

En este sentido, la investigación menciona a una persona que reconoció tener clientes a los que defender, como abogados de personas que guardan prisión en la base militar Mariscal Zavala, diputados o personas prófugas.

3. El objetivo

En este contexto, la Cicig denuncia que los “netcenters” y la construcción de noticias falsas han sido la respuesta que “distintos grupos de poder” -político, económico, religioso o cultural- han dado para “acrecentar su incidencia en la agenda pública” con la “inteligencia artificial”.

“El problema se agrava más cuando estructuras criminales se apropian de este modus operandi con el objeto de lograr incidencia en la agenda pública”, indica el informe, que alerta que estos contenidos pueden condicionar el “encuadre” en el que los medios masivos de comunicación pueden dar a las noticias.

Como ejemplo de funcionamiento, la Cicig elige la declaratoria de non grato de su jefe, el abogado colombiano Iván Velásquez. En agosto de 2017, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, lo declaró non grato y ordenó su expulsión del país, aunque esta decisión fue anulada posteriormente.

Además, señala que algunos protegen la imagen del presidente, Jimmy Morales, utilizando frases cortas como “Yo Apoyo a Jimmy”.

4. ¿Dónde están y cuántos son?

Pero durante el análisis de esta información comprobaron que entre los mayores “influenciadores” de información estaban unas 12 cuentas, la mayor parte de ellas localizados en Guatemala -principalmente en la capital y en Xela, aunque con crecimiento en Cobán-, pero también emitían opiniones desde otros países como Colombia o Estados Unidos, lo que hace referencia a la contratación de “IP dinámicos que cambian la ubicación de los tweets”.

A pesar de ello su alcance es distinto. Si se toma el total de usuarios que hablan públicamente de la lucha anticorrupción, el 82 por ciento son perfiles que están comprometidos con los esfuerzos antimpunidad y el 18 por ciento detractores, mientras que el número de tweets (contenido) se invierte, llegando al 65 por ciento en los que atacan a la Cicig y el 35 por ciento que la defienden.

5. Sus métodos

Estas cuentas tienen algo en común, que es la promoción de un discurso de odio con “intención maligna” para incitar al interlocutor o lector a que lleve a cabo acciones “destructivas” en contra de un grupo, por lo general, históricamente discriminado.

Para ejemplificar esto, el documento pone de ejemplos de tweets que amenazan la integridad (como cuando Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo, dijo que la cabeza de Iván Velásquez iba a ser su trofeo), persecución a defensores de derechos humanos, xenofobia u homofobia.

La difusión de noticias falsas y mensajes que instigan al odio va en contra de activistas, fiscales, abogados, trabajadores de la Cicig o periodistas.

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