Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide a Danilo disponer cese de los desalogjps

Santo Domingo, República Dominicana.-Los dirigentes y miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y representantes de varias filiales a esa organización le solicitan al presidente Danilo Medina que disponga el cese inmediato de «los desalojos forzosos que se están llevando acabo de forma indiscriminada en el país».
En una carta dirigida al Mandatario, argumenta que los desalojos forzosos constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos a una vivienda adecuada.
La carta inextensa…..
Santo Domingo, D.N.
15 de mayo del 2019
Señor
Danilo Medina
Presidente de la República
Palacio de la Presidencia
Su despacho
Ciudad.
Asunto. Cese inmediato de desalojos forzosos en toda la geografía   nacional
Excelentísimo Sr. Presidente
Los dirigentes y miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representantes de varias filiales de nuestra organización a lo largo de la geografía nacional reunidos aquí frente al Palacio de la Presidencia,  le solicitan que disponga el cese inmediato de los desalojos forzosos que se están llevando acabo de forma indiscriminada en todo el país.
Este año ha sido sin dudas un año negro por el gran número de desalojos que se han registrado, donde la región más afectada  ha sido la Región Este del país.
En  esta región  en el  transcurso del año y por todo el año pasado,  hemos en varias ocasiones,   rechazado  y condenado  los desalojos ilegales y el acaparamiento de tierras que se han realizado y que se plantean realizar  con la complicidad de los abogados del Estado y autoridades, para favorecer a terratenientes que se quieren adueñar de las tierras del Estado dominicano.
Podemos decir sin temor  a ser desmentidos,  que en la  región Este del país,   se está actuando un plan para que terratenientes locales se adueñen de tierras del Estado desalojando ciudadanos y campesinos que las habitan y trabajan desde décadas.
Entre varias situaciones que estanos monitoreando y denunciando desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le señalamos la de los sectores de  Villa  Maranatha II y del barrio México de San Pedro de Macorís donde los desalojos se realizan sin orden de un tribunal y contra moradores que están beneficiados por un compromiso de venta de ese terreno con el Cea, mientras que  algunos políticos supuestamente en complicidad con autoridades intentan adueñarse de ellos.
Señalamos también la situación de Boca de Yuma del año pasado donde moradores del lugar y regidores estuvieron lanzados a la calle en rechazo a los desalojos autorizados por el abogado del Estado en contra de uno de los sectores más vulnerables y más humildes de esta demarcación, gestionado por el presidente del PLD de la provincia de la Altagracia, el Dr. Pedro Rojas Morillo  el cual en confabulación con un terrateniente quieren adueñarse de una porción de tierra ubicada en la parcela 92-HD/C 10 de este lugar.
La misma está de hecho ocupada por una gran cantidad de familias de escasos recursos por más de 20 años donde existen más de 100 viviendas y la ocupan unas 300 personas y le fue otorgada por el mismo ayuntamiento en la pasada gestión.
Reiteradas veces hemos denunciado en San Francisco de Vicentillo, El Seibo    el despojo de  tierra  a manos de Pedro Guillermo Varona, conocido como  “el cubano”, quien pretende acapararse de más de 40 mil tareas de tierras a pesar de tener un título de propiedad por apenas mil tareas de tierras y quien tiene la policía y el ejército trabajando para sus intereses.
Allá los  campesinos de esa comunidad rural han sido sometidos a varios atropellos durante los desalojos. Denuncian además que uno de los jóvenes de la comunidad, Amaury Rijo, fue torturado cruelmente el día 25 de octubre del año pasado por allegados del tal “cubano”.
Estos campesinos llevan luchando 45 años por las tierras que les corresponden por decreto presidencial, ya que les fueron entregadas en 1973 por Joaquín Balaguer.
Sabrá Usted, señor Presidente, también  de los desalojos forzosos e ilegales que se están llevando a cabo casi semanalmente en el Gran Santo Domingo, donde con toda responsabilidad podemos decir que se están ejecutando de forma ilegal, respondiendo a intereses personales de políticos o personas influyentes, quienes usan la fuerza de seguridad publica en  estas tareas.
Es más,  hemos llegado a tener que ver que privados de libertad  de la cárcel de la Victoria han sido utilizados en el desalojo realizado el pasado sábado en los Alcarrizos, lo que es absolutamente ilegal, hecho que  ya hemos denunciado a los organismos internacionales,  y donde se han tumbado casas de más de 500 familias cuyo expediente estaba en un tribunal en espera de un fallo.
No puede no haberse enterado señor Presidente  de lo que está pasando en los sectores de la Ciénaga y de los Guandules, donde los moradores del lugar lamentan el hecho de  haber recibido  el cheque de la indemnización solo en el momento que le ha sido tumbada su vieja casa, además de la insuficiencia del mismo, que no les permite una reubicación, y condenan además “la imprudente y violenta forma en que los militares que envía Urbe van a las 6:00 de la mañana a desalojar las viviendas”.  Explicaron que tienen niños pequeños, que  no pueden buscar casa de un día para otro, al igual que los que viven con personas mayores o con alguna condición especial, por lo que exigen un aviso “con anticipación”, sin tener en cuenta el hecho de que la gran mayoría de estos pobladores son trabajadores informales que en esos barrios, pagando alquileres muy muy bajos, habían logrado sobrevivir  aunque en un entorno insalubre y peligroso en temporadas de lluvias.
Le recordamos, distinguido Presidente  que la obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen el derecho humano a una vivienda adecuada y otros derechos humanos conexos. Entre éstos figura la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño,  entre otros instrumentos internacionales.
Los desalojos forzosos constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación.
La República Dominicana, el país que Usted gobierna señor Presidente,  no puede quedarse una y otra vez  al margen de la normativa internacional en materia de derechos humanos.
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