CARACAS (Reuters) – Al menos quince diputados opositores venezolanos denunciaron el viernes que en las últimas horas han recibido amenazas en sus hogares o casas de familiares, en medio de la tensión causada por el máximo tribunal del país al acusar de traición a la patria a diez miembros del Congreso controlado por la oposición.
“Vamos por la diputada” decía un grafiti que amaneció en una pared de la urbanización donde reside María Beatriz Martínez, una legisladora opositora del estado central de Portuguesa, que difundió la foto el viernes con la pintada firmada con la palabra “colectivos”.
Otros 11 diputados más mostraron imágenes con mensajes similares en muros cercanos a las viviendas donde viven ellos o familiares y desde el jueves al menos tres diputados advertían en redes sociales que vehículos de la policía de inteligencia recorrían zonas en las que viven sus familias.
“Así amanece pintado con un recordatorio de amenaza hacia mí persona el bloque donde resido en Catia La Mar”, escribió en Twitter la diputada de la bancada opositora Milagros Eulate, sobre un mensaje de “Vamos x tí” pintado en la entrada de un edificio que firmaban también “los colectivos”.
Grupos que en zonas populares de Venezuela apoyan al gobierno de Nicolás Maduro se definen como colectivos sociales y en las últimas semanas el mandatario les ha pedido mayor apoyo frente a la nueva ola de protestas de la oposición para pedir su salida.
El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió a la solicitud de comentarios de parte de Reuters.
La policía de inteligencia arrestó en la semana al primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, uno de los diez legisladores acusados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras una movilización opositora el 30 de abril que pedía a militares desconocer a Maduro y lideraba por el jefe del Congreso, Juan Guaidó.
Un tribunal informó el viernes en un comunicado que el centro de reclusión de Zambrano será una sede de la policía militar, ubicada en Fuerte Tiuna, en Caracas.
Maduro y el presidente del TSJ, Maikel Moreno, calificaron la acción del 30 de abril como un golpe de Estado. Hasta el momento se ha informado del reemplazo de un general, que fungía como jefe del servicio de inteligencia Sebin, quien en un video el jueves denunció la corrupción en el gobierno, y la expulsión de 55 oficiales. No ha habido uniformados detenidos.
Guaidó, tras proclamarse en enero presidente encargado del país al desconocer el segundo mandato de Maduro con apoyo de decenas de gobiernos del mundo, denunció en la semana la persecución a parlamentarios con la intención de desmontar el poder legislativo.
Algunos de los legisladores que han sido intimidados no han sido acusados por el máximo tribunal.
“Hay patrullas del Sebin hasta en los colegios de los hijos de los diputados (…) una práctica que lo que busca es meter miedo”, dijo a periodistas el segundo vicepresidente de la Asamblea, Stalin González.
Uno de los parlamentarios acusado por el Tribunal Supremo dijo el viernes que está en Colombia,
“Me encuentro fuera del país, en Colombia, a resguardo de un régimen que está dispuesto a asesinar un concejal, encarcelar diputados”, dijo el legislador Luis Florido en las redes sociales, quien también mostró fotos de su casa con un grafiti.
Bajo la actual crisis de gobernabilidad que vive la nación OPEP, unos 18 diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ya no pueden presentarse a las sesiones semanales por estar en el exilio, en embajadas o presos.
Si al menos otros 15 diputados se alejan de sus curules bajo la coyuntura, el Congreso tendría dificultades para sesionar.
