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APD sobre pagos secretos de Odebrecht para obtención contrato Punta Catalina

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Se confirma igualmente que Odebrecht “no contó toda la historia” y que fue falsa su proclamada disposición de “colaborar de manera irrestricta” con el esclarecimiento de la trama corrupta. De hecho, empresa y Estado se confabularon para ocultar información fundamental.

Para la APD, los más altos funcionarios y parte del aparato judicial están deslegitimados y no hay ante quien recurrir, por lo que se impone un saneamiento.

Las recientes revelaciones sobre los pagos secretos de 39.5 millones de dólares que hizo Odebrecht para la obtención del contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina han confirmado la existencia de una vasta operación de encubrimiento de la corrupción articulada desde la Presidencia de la República.

El descubrimiento de estos pagos secretos profundiza la crisis política abierta por la pretensión del presidente Danilo Medina de perpetuarse en el poder modificando por medios ilegítimos la Constitución de la Republica.

La puesta en evidencia del involucramiento de la Presidencia en la conspiración corrupta de Odebrecht determina que no habrá tercer mandato del presidente Danilo Medina y si los acontecimientos siguen el derrotero que están tomando es posible que, como lo señaló hace algunos meses la APD, el mandatario no termine su segundo mandato.

Los documentos dados a conocer demuestran que el gobierno dominicano siguió una línea general de ocultamiento de los pagos secretos de Punta Catalina y del conjunto de hechos de corrupción asociados a las operaciones de la empresa Odebrecht.

Queda evidenciado que el presidente Medina participó de manera directa en la operación de encubrimiento al crear, el 10 de enero de 2017, mediante el decreto 6-17, una comisión de notables (Comisión Agripino), atribuyéndole facultades de investigación al margen de la ley.

Apoderado de una acción directa en inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional avaló de hecho la ilegalidad, al retardar y luego obviar un fallo sobre el fondo del asunto.

La Procuraduría General de la República excluyó todo tipo de sometimientos por el caso particular de Punta Catalina, asumiendo como válido el dictamen ilegal de la Comisión Agripino.

El juicio preliminar en la Suprema Corte de Justicia partió de las mismas falsas premisas orientadas a excluir del caso judicial de manera irregular las plantas de carbón de Punta Catalina, convirtiendo ese juicio en un montaje orientado a denegar justicia, encubriendo a los principales responsables de los hechos de corrupción cometidos por Odebrecht y los altos funcionarios del Estado coaligados con esta.

Se confirma igualmente que Odebrecht “no contó toda la historia” y que fue falsa su proclamada disposición de “colaborar de manera irrestricta” con el esclarecimiento de la trama corrupta. De hecho, empresa y Estado se confabularon para ocultar información fundamental.

Aun en el caso de que fuese cierto, como afirma hoy Odebrecht, que todas las informaciones contenidas en el informe que acaba de ser dado a conocer estaban en posesión de las autoridades, ello confirmaría la fundada sospecha de que la Procuraduría General de la Republica hizo caso omiso de estas evidencias para proteger a los implicados en la conspiración de las plantas de carbón de Punta Catalina.

A partir de los niveles de conocimiento que ya se tienen de la trama, se puede afirmar que más que complicidad de algunos funcionarios con la empresa, lo que hubo fue una colusión entre los más altos funcionarios de la nación con los más altos ejecutivos de la compañía para la ejecución de la acción delictiva.

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