Managua,(EFE).- El Gobierno de Nicaragua se declaró este viernes en “sesión permanente por la reconciliación”, en medio de una crisis que mantiene enfrentado al presidente Daniel Ortega con una aparente mayoría de los nicaragüenses, y en la que han muerto cientos de personas.
“Nos hemos declarado en sesión permanente por la reconciliación, la paz, la seguridad, el reencuentro, el trabajo, la fe y la vida”, informó la vicepresidenta, Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.
El anuncio de la también primera dama ocurrió mientras se conocía que el Ejecutivo había introducido ante el Legislativo, con carácter de urgencia, una propuesta de “Ley de Amnistía” para absolver a las personas involucradas en delitos desde el estallido social contra Ortega, en abril de 2018.
Murillo apeló a las medidas tomadas por el Gobierno para superar la crisis, que está en vigor, y que acarrea una recesión económica que los economistas temen que se convierta en depresión.
Entre las medidas gubernamentales está la excarcelación de cientos de “presos políticos”, que contradice la solicitud de “libertad absoluta” de la oposición.
Asimismo, el Gobierno impulsa las “comisiones de paz”, cuyo objetivo es brindar atención social a “las víctimas del fallido intento de golpe de Estado”, como el Ejecutivo llama a las protestas contra Ortega.
Incluye además la invitación para retornar a decenas de miles de personas que huyeron al exilio, y que en su mayoría alegan ser perseguidas por el Gobierno.
De igual muestra la disposición a cambios en la Ley Electoral siempre que no se adelanten los comicios programados para 2021, tal como actores locales y la comunidad internacional han recomendado, como una manera eficaz para superar la crisis.
El Gobierno también ha prometido el respeto por la Constitución y las leyes, una tarea que según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos le señalan como tarea pendiente, dada la vigente prohibición de manifestaciones de rechazo hacia Ortega.
En su plan de reconciliación el Ejecutivo incluye su rechazo a las sanciones económicas internacionales contra familiares y allegados de Ortega, por atentar contra los derechos humanos.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en las negociaciones para encontrar una salida a la crisis, ha insistido en que el Ejecutivo ha firmado más de una veintena de compromisos en dichas pláticas, que hasta ahora no ha cumplido.
La crisis de Nicaragua, que se inició con el estallido social de abril de 2018, ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
