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Faride vuelve a cuestionar investigación sobre Punta Catalina y dice “La Procuraduría no puede alegar ignorancia en nada”

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La legisladora por la circunscripción numero 1, además manifestó que los diputados del PLD "con su poder en la Justicia, ha impedido que se le de curso a las denuncias depositadas".

SANTO DOMINGO.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, dijo este jueves que los congresistas leonelistas han impedido que se hagan las investigaciones que solicitó sobre los 39 millones de dólares en alegados sobornos de Odebrecht haya sido pagados a funcionarios o particulares en República Dominicana.

La legisladora por la circunscripción numero 1, además manifestó que los diputados del PLD “con su poder en la Justicia, ha impedido que se le de curso a las denuncias depositadas”.

Faride reveló en su cuenta de twiiter que si los congresistas del PLD saben o no quienes son los culpables, ¿por qué? Porque saben de qué y desde cuando son culpables.

En varios twit Faride desgloso el tema que desde ayer volvió a la palestra pública con la divulgación de documentos sobre las nuevas evidencias de sobornos de caso Odebrecht en Punta Catalina en el país.

Ayer miércoles un documento indicó que los datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación confirman que, entre diciembre 2013 y diciembre 2014, Odebrecht realizó 62 pagos ocultos por un total de US$39.5 millones relacionados a Punta Catalina. Vale decir que, al parecer, en adición al monto de US$33.8 millones transferidos al señor Rondón Rijo, durante ese año dicha empresa realizó pagos por unos US$5.2 millones a otros actores relacionados con este proyecto.

Asimismo, la diputada arremetió en contra el Ministerio Pública diciendo que la Procuraduría no puede alegar ignorancia en nada. “Es una falta de respeto que compromete seriamente la responsabilidad de quien la dirige. Todas las evidencias siempre han estado ahí, es sólo una cuestión de investigar y tener voluntad para hacerlo”.

El 13 del mes 7 del 2018, la congresista sostuvo que el país habría incurrido en el pago de 300 millones de dólares por concepto de retrasos en la puesta en funcionamiento de la planta.

 

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