CNNESPEÑOL.- Un día antes de lo previsto, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer su informe tras su visita de tres días a Venezuela, que se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de junio. En un documento de 18 páginas y basado en 558 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad, la exmandataria toma una posición muy crítica respecto del régimen de Nicolás Maduro y denuncia que en Venezuela se violan “los derechos económicos y sociales de los venezolanos”. El informe abarca el período de enero de 2018 a mayo de 2019.
En un primer punto el informe “confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”. “Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas”, señala.
A su vez, “en cuanto al derecho a la salud en Venezuela, la situación es grave. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos”. Incluso advierte que “hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100 por ciento”.Según el documento, las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.
Si bien el informe de Bachelet reconoce qu durante dos décadas el gobierno de Hugo Chávez “promovió políticas sociales a través de las “Misiones Bolivarianas, las cuales eran programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como a reducir la brecha de desigualdad de género. Hoy en día, las y los venezolanos/as dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos”. También sostiene que “el gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que, debido al “over-compliance”,las transacciones bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta la habilidad del Estado para importar alimentos y medicinas”.
Uno de los puntos más críticos tiene que ver con las violaciones a los derechos políticos de los venezolanos. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”, apunta. “Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”,indica.
