PC cuestiona auditoría de Cámara de Cuentas a termoeléctrica Punta Catalina

Santo Domingo, República Dominicana.-Participación Ciudadana informó que hizo una evaluación a la investigación especial de la Cámara de Cuentas (CC)al proyecto de generación eléctrica, Punta Catalina y encontró irregularidades que cuestionan la profesionalidad y la esencia de l auditoría.

Resaltó que, pese a los cuestionamientos que por años se han realizado a la inversión más grande del gobierno, ejecutada en Punta Catalina por más de dos mil millones de dólares, la CC  no tomó ninguna iniciativa de control externo.

Entiende que su intervención fue el producto de una solicitud del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, del 21 de noviembre de 2017, para que se auditara el período comprendido entre el primero de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017,.

Agrega que practicó la auditoría no por razones de transparencia, sino por un requisito de la ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas, la cual ordena la integración de la CDEEE a este organismo.

“La modalidad de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la termoeléctrica Punta Catalina, denominada ‘Investigación especial’, basado en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas No. 10-04, no se correspondió con lo dispuesto en el referido artículo, pues no se realizaron investigaciones especiales ante la presunción de ‘la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales…’, limitándose los auditores a revisar los registros, contratos y facturas de la cuenta de la CDEEE denominada Construcción en Proceso No. 107000551, como se indica en el Informe de la Investigación Especial (IIE), numeral 4”, sostuvo el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

Indicó que la investigación forense y la investigación económica, para determinar la racionalidad de los contratos, de los costos de las obras y su posible sobreevaluación, estuvo ausente en esta auditoría.

“No se investigó, por ejemplo, la justificación de un pago por más de mil millones de pesos (RD$1,086,139,835.00), por concepto de nivelación de terreno, limitándose los auditores a ver registrado el pago de esa suma en la referida cuenta de la CDEEE. Lo mismo puede decirse del valor pagado por los contratos de asesorías. Por ejemplo, al asesor ambiental se le pagó 191.5 millones de pesos, al asesor legal se le pagó 196.1 millones de pesos, al financiero 67.3 millones y al técnico 51.1 millones”, agregó.

Señaló que otro de los gastos que debieron ser sometidos a escrutinio y a una opinión técnica-forense fue el de publicidad, ascendente a 465 millones de pesos, entre el referido período 2013-2017; “gastos que se han seguido incrementando, sin necesidad, durante los años 2018 y 2019”.

El Consejo Nacional de PC expresó que “uno de los aspectos que más llama la atención de la extraordinaria inversión estatal en el proyecto de Punta Catalina, pero que a la Cámara de Cuentas le pasó desapercibido, es que siendo el contrato de la CDEEE con el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella del tipo “Llave en mano, de Ejecución de Ingeniería, Procura y Construcción” (Resolución del Congreso Nacional No. 219-14, que aprueba el contrato No. 101-14, de fecha 14 de abril de 2014), la CDEEE, al parecer, gastó  de manera unilateral al 31 de diciembre de 2017, más de lo que le correspondía, sumando un total de 17,500 millones de pesos, habiendo entregado a Odebrecht la suma de 78,000 millones de pesos, lo que refleja una falta de claridad en las responsabilidades de ambas partes, que debió ser aclarada por la ‘investigación especial’”.

“Por todo lo anterior, la conclusión de la Cámara de Cuentas de que ‘el saldo de la cuenta correspondiente al Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), se presenta de manera razonable…’, es sumamente superficial, carente de sistematicidad y rigurosidad desde el punto de vista forense y de una investigación especial para detectar posibles irregularidades», considera PC .

Pide que esta enorme inversión sea nuevamente auditada por una Cámara de Cuentas y un Ministerio Público ajenos a la politiquería y a intereses partidarios”.

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