Editor Freddy Medrano
GUATEMALA (Tomado de AP) — La comisión investigadora del Congreso creada para indagar al presidente Otto Pérez Molina en un caso de defraudación al fisco, citó para el sábado al mandatario, que enfrenta demandas desde diversos sectores para que renuncie al cargo.
En un mensaje televisivo el domingo pasado y a una emisora de radio local el jueves, Pérez Molina dijo que “daría la cara” por estos hechos, sin embargo la presidencia de la república informó el viernes que el presidente aún no ha decidido si acudirá al Congreso.
“Tomando como referencia el evento (el antejuicio) anterior es muy posible que mande a un abogado con las respuestas por escrito, la ley le permite esto”, dijo Jorge Ortega vocero presidencial. Este es el segundo antejuicio que enfrenta el presidente por el mismo caso, en el anterior no hubo suficientes votos para que le retiraran la inmunidad.
En su condición de jefe de estado, Pérez Molina no está obligado a acudir ante la comisión investigadora, que está integrada por los diputados oficialistas Mario Linares y Gloria Sánchez, Jorge Barrios Falla y Sergio Celis del Partido Líder, que actualmente apoya al presidente, y Nineth Montenegro, del partido opositor Encuentro por Guatemala, independiente.
La convocatoria al gobernante, anunciada el viernes, figura entre las primeras acciones de la comisión legislativa, que planea finalizar su labor la próxima semana para que el pleno del Congreso pueda decidir entonces si retira o no la inmunidad a Pérez Molina.
La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala solicitaron a la Corte Suprema de Justicia iniciar los trámites de antejuicio contra Pérez Molina por considerar que existen indicios de una presunta participación en la red denominada “La Línea”, en la que funcionarios y particulares recibieron sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos, desfalcando así al fisco por millones de dólares.
La diputada Montenegro virtualmente obligó el viernes que los miembros conformaran la comisión para lo cual contó con el apoyo de Barrios y Celis. Los otros dos diputados oficialistas se incorporaron cuando arreciaban pedidos a través de las redes sociales y se registraba una protesta a las puertas del Congreso que exigían que se integraran.
“Traje mi maleta y no me voy a mover de aquí hasta que se integre la comisión para que el lunes se tenga un dictamen”, dijo Montenegro en conferencia de prensa.
La diputada anunció que planea dormir dentro del hemiciclo parlamentario para asegurar la continuidad del trabajo de la comisión durante el fin de semana.
La comisión investigadora citó a los miembros de la Fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para escucharlos la tarde del viernes.
La fiscalía y la comisión internacional fueron los organismos que solicitaron el antejuicio contra Pérez Molina, quien ha negado cualquier participación en el caso de corrupción.
La Procuraduría General -que representa jurídicamente al Estado- y la Contraloría General de Cuentas, organismo auditor de las cuentas del Estado, solicitaron por separado el miércoles a Pérez Molina que renuncie al cargo “con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación”, y “en aras de mantener la paz social y ante las demandas de distintos sectores de la población…”
El gobernante, cuyo mandato de cuatro años concluye el 14 de enero de 2016, ha afirmado que no renunciará.
En el país se han registrado multitudinarias manifestaciones callejeras para pedir la renuncia del Pérez Molina y el fin de la corrupción, mientras se agudiza la crisis política. Al menos 14 miembros de su gabinete entre Ministros, Secretarios, Comisionados y viceministros han renunciado al cargo.
La ex vicepresidenta Roxana Baldetti, de quien las autoridades aseguran recibió sobornos de la red, está detenida en torno al caso. Renunció al cargo el 8 de marzo, pero ha negado haber participado en los hechos.
Al menos un centenar de personas son investigadas por este escándalo.
