Por Elvira Guillén Santo Domingo, República Dominicana.- La Superintendencia de Bancos aseguró que ha actuado y manejado la situación de la quiebra del Banco Peravia con transparencia, firmeza y estricto apego a la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y sus Reglamentos de Aplicación.
Dijo que con la acción ha cumplido con su deber de preservar los derechos de los depositantes y la salud del sistema financiero nacional.
Mediante un comunicado, el organismo supervisor del sistema financiero, informa que ha presentado formal querella criminal con constitución en actor civil contra 17 personas y se mantiene alerta en espera de que concluyan las investigaciones que realiza la Fiscalía del Distrito Nacional, a fin de proceder contra toda persona física o jurídica que tenga responsabilidad en la quiebra del Banco.
Con relación a las informaciones que señalan que en un interrogatorio realizado por la Fiscalía del Distrito Nacional, Natacha Gabriela Castillo dijo “que José Luis Santoro enviaba 200 mil pesos a un empleado identificado como Heiromy Castro, a través de un mensajero bajo el concepto de gastos, aclaró éste fungía como director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros y que fue desvinculado de la institución el 10 de julio de 2015, por razones ajenas al caso del Banco Peravia.
La Superintendencia de Bancos indicó que desconocía que Castro llevara a cabo reuniones con Santoro y mucho menos que supuestamente “recibiera 200 mil pesos con la finalidad de mantener en secreto las irregularidades y la quiebra del Banco Peravia”.
En marzo la Superintendencia de Bancos anunció el pago de los recursos de 6,751 depositantes, 95.28% del total, que tenían depósitos por montos menores o iguales a RD$500,000.00 (quinientos mil pesos) y en mayo llamó a los ahorrantes con depósitos superiores a RD$500,000.00 (quinientos mil pesos) a retirar el pago de la garantía de sus depósitos a través del Banco de Reservas.
En la segunda etapa de pago, fueron resarcidos 320 depositantes, que representan el 4,54% del total de depositantes no vinculados, en cumplimiento con el proceso de disolución tal como manda la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y sus Reglamentos de Aplicación.
