Editor Elvira Guillén (Tomado de RTVE.es).-Una de las grandes incógnitas en torno al caso Nóos ha sido resuelta este viernes por la Audiencia Provincial de Baleares, que ha acordado que la infanta Cristina continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, cometidos presuntamente por Iñaki Urdangarín en el marco del caso Nóos.
El auto de cuestiones previas de la Audiencia de Palma considera que los delitos de los que se acusa a la infanta son de naturaleza “difusa” y dañan un bien colectivo, por lo que la Agencia Tributaria no es el “único perjudicado” y cabe una acusación popular.
El Tribunal ha rechazado de este modo aplicar la doctrina Botín -que además pone en entredicho- sobre la hermana del rey Felipe VI, como pedían su defensa, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, lo que hubiera supuesto la exoneración de la infanta Cristina. La defensa ha criticado la decisión la decisión pero no puede recurrirla.
“Estimamos que ni el bien jurídico protegido es en exclusiva el erario público ni, en consecuencia, que exista un único, concreto y determinado perjudicado encarnado por la Hacienda Pública estatal”, afirman las juezas en el auto.
El tribunal manifiesta su discrepancia respecto a la doctrina Botín, de la que asegura que “desnaturaliza la institución del acusador popular”.
La defensa lamenta “la pena de banquillo”
El abogado defensor de Cristina de Borbón, Miguel Roca, ha criticado que se le imponga “la pena de banquillo” y ha afirmado que elevará una protesta, ya que el auto especifica que no cabe recurso salvo para la sentencia. En su opinión, la Audiencia se aparta de la literalidad de la doctrina del Tribunal Supremo y hace suyas las tesis de la acusación de Manos Limpias.
Un portavoz de Zarzuela se ha limitado a ratificar el “absoluto respeto a la independencia del poder judicial” por parte de la Casa Real, como único comentario a la decisión de la Audiencia.
La infanta Cristina será juzgada por tanto como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales en el IRPF de 2007 y 2008. El caso Nóos -una de las piezas separadas del caso Palma Arena- juzga a los exduques de Palma y a otros 16 acusados más por el presunto desvío de seis millones de euros públicos a través de contratos de los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia y el Ayuntamiento de Madrid con el Instituto Nóos, sociedad creada por Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
El juicio continuará el 9 de febrero
La defensa de la infanta basó su estrategia en la apertura del juicio oral para exonerar a la infanta en la no legitimidad de Manos Limpias para acusarla en solitario. El abogado de la infanta Cristina, Jesús Silva, pidió a la Audiencia que se basará en la doctrina consolidada de los tribunales Supremo y Constitucional y la jurisprudencia sentada por 7 decisiones de audiencias provinciales.
Según Silva, la acción popular protege bienes que poseen intereses difusos y se ejerce cuando no hay acusación particular ni posibilidad de que se persone, algo que no ocurre en el caso Nóos, donde la Abogacía del Estado protege a Hacienda como perjudicado.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, para quien no hay argumentos inculpatorios contra la infanta, también pidió al tribunal la aplicación de la doctrina Botín por falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar en solitario a doña Cristina y suplir al perjudicado que es Hacienda.
Para la abogada del Estado Dolores Ripoll tampoco cabe la acusación popular en delitos fiscales, porque el perjudicado es sólo la administración titular de la capacidad para establecer y recaudar tributos, puesto que el lema “Hacienda somos todos” es meramente publicitario.
Una vez resueltas las cuestiones previas.
El juicio del caso Nóos continuará el 9 de febrero, cuando se retomará la vista oral con la declaración de lo acusados que seguirán en el banquillo, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis “Pepote” Ballester.
Las declaraciones de los testigos, alrededor de 370, están previstas entre el 8 de marzo y el 17 de mayo, según el organigrama inicial planteado por el tribunal.
