Editor Freddy Medrano
RÍO DE JANEIRO , Brasil (Tomado de AP).-Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia dijo que la política nacional brasileña era un “desastre” y afirmó que el sistema político del país “carece de un mínimo de legitimidad democrática”, en una grabación de en una reunión en la que participó con unos jóvenes.
La cadena de televisión Globo y los principales periódicos dijeron que las declaraciones del juez Luis Roberto Barroso fueron grabadas sin su conocimiento durante una reunión que sostuvo el miércoles con estudiantes universitarios. La oficina de prensa de la Corte no dio declaraciones al respecto el viernes.
Las afirmaciones del magistrado coinciden con el sentir de una nación afectada por una aguda recesión económica y escándalos de corrupción. Las encuestas indican que solo un 10% de los brasileños tienen una opinión positiva sobre el gobierno de Dilma Rousseff. El público parece harto de la presidenta y su Partido de los Trabajadores, de tendencia izquierdista, que ha gobernado el país desde 2003, pero tampoco considera como alternativa viable la oposición también empañada por escándalos.
Rousseff, que resiste en medio de la recesión más profunda en décadas y una investigación de corrupción que ha afectado a miembros de su círculo íntimo, encara la posibilidad de un juicio político en el Congreso por denuncias de que violó las leyes fiscales, pero los que están en la línea de sucesión han sido implicados en el escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras y muchos consideran el juicio político como un recurso para tomarse el poder.
“La política está muerta”, dice Barroso en la grabación, difundida por Globo. “Tenemos un sistema político que carece de un mínimo de legitimidad democrática”.
“Yo diría que el problema con la política en este momento es la falta de una alternativa”, dijo, en referencia aparente al Partido de Movimiento Democrático Brasileño, que se desprendió de la coalición gobernante de Rousseff esta semana. El vicepresidente Michel Temer, primero en la línea de sucesión, es miembro del partido, como también el tercero y el cuarto, los titulares de la cámara baja y del Senado.
“No hay donde recurrir”, dijo Barroso. “Esto es un desastre”.
Se anticipa una votación sobre el juicio político a mediados de abril, Rousseff y sus aliados buscan asegurarse el apoyo de partidos menores. Necesita por lo menos 172 sobre 513 votos para detener el proceso de juicio político.
Una encuesta difundida esta semana indica que el índice de aprobación de la presidenta es del 10%.
La policía realizó más arrestos el viernes e indagaciones en la llamada investigación Lava Jato (lava carros en español), que empezó dos años atrás y se centra en un entramado de corrupción en la estatal petrolera Petrobras en donde presuntamente se pagaron sobornos por la otorgación de contratos. El que fuera el secretario general del izquierdista Partido de los Trabajadores, Silvio Jose Pereira, fue uno de los detenidos provisionalmente por las autoridades el viernes, en la que también fue detenido el ex tesorero del partido, Delubio Soares, para ser conducido a un interrogatorio.
Petrobras dijo en un comunicado que puso en marcha un programa de despido voluntario para reducir su nómina de unos 12.000 trabajadores y ahorrarse unos 9.200 millones de dólares (33.000 millones de reales). El mes pasado, la compañía perdió 10.200 millones de reales en el último trimestre de operaciones, lo que consolida sus pérdidas para 2015 en 9.600 millones de dólares.
Entre tanto, en una entrevista publicada el viernes por el diario Folha de Sao Paulo, el presidente de la constructora Odebrecht dijo que la compañía puso en venta activos para recaudar 3.300 millones de dólares. Newton de Souza le dijo al periódico que la compañía planea vender una hidroeléctrica, una concesión de una carretera en Perú y acciones en un grupo petrolero de Angola.
Souza fue nombrado presidente de la compañía en 2015 luego de que el director general anterior, Marcelo Odebrecht, fuera arrestado. Fue condenado a más de 19 años de prisión acusado de corrupción y lavado de dinero.
Fiscales han revelado que el entramado de corrupción de Petrobras implicó pagos de más de 2.000 millones de dólares en sobornos para obtener contratos e involucró a decenas de partidos políticos brasileños.
