Colombia dio plazo a gigante farmacéutia para que rebaje precio medicamento contra el cáncer

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Editor Yasmel Bueno

BOGOTA, Colombia (AP) — El gobierno de Colombia dio unas semanas de plazo al gigante farmacéutico Novartis para que rebaje el precio de un popular medicamento contra el cáncer y amenazó con romper su monopolio sobre la producción de la medicina y permitir la competencia de rivales genéricos si no cumple.

Las declaraciones del ministro colombiano de Salud, Alejandro Gaviria, en una entrevista realizada el martes son las más fuertes hechas hasta la fecha en una creciente disputa pública con la mayor farmacéutica del mundo, que podría sentar un precedente para los países con ingresos medios que tratan de contener el aumento de los precios de medicamentos complejos.

Memorandos elaborados por la embajada de Colombia en Washington, filtrados la semana pasada a un grupo sin ánimo de lucro, describen una intensa presión de la industria farmacéutica y sus aliados en el Congreso estadounidense sobre Bogotá, firme aliado de Estados Unidos.

Ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria
Ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria

En uno de los documentos, la embajada advierte que romper la patente de Novartis para el medicamento contra la leucemia Gleevec – Glivec en Colombia y otros países – podría comprometer el apoyo de Estados Unidos a la propuesta de Colombia de unirse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica e incluso poner en riesgo los 450 millones de dólares que el país recibe de Washington para un acuerdo de paz con los rebeldes de izquierda. Los reportes siguieron a reuniones entre diplomáticos colombianos con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y un republicano del Comité de Finanzas del Senado, cuyo presidente, el senador por Utah Orrin Hatch, tiene estrechos vínculos con la industria farmacéutica.

Gaviria, economista de formación, dijo que la presión demuestra los extremos a los que está dispuesta a llegar la industria farmacéutica para proteger sus intereses comerciales.

“Temen mucho que el ejemplo de Colombia vaya a difundirse por la región”, dijo.

Los programas sanitarios gubernamentales de muchos países enfrentan problemas por el elevado coste de los nuevos medicamentos y el aumento anual del 10%, o incluso más, en medicinas que llevan tiempo en el mercado. Los Estados presionan cada vez más exigiendo grandes descuentos o que se establezca un límite para los más caros.

Gaviria niega que esté intentando sentar un precedente en la lucha global por unos precios más bajos.

“Para nosotros es una cuestión de supervivencia”, dijo destacando que el sistema sanitario colombiano garantiza que los pacientes pueden acceder a todos los fármacos aprobados y que el presupuesto del departamento se resiente tras años de subidas de precios. En 2009, el gobierno declaró alerta de salud pública después de que la inversión en medicamentos sofisticados se multiplicara por 10 en solo unos años.

“Como Estado, uno no puede comprar todo al precio que el otro diga que lo va a vender. Esto es lo que pasaba muchas veces”, expresó Gaviria.

Novartis ha rechazado la propuesta del ministro de rebajar el precio de Glivec a 140 pesos (5 céntimos de dólar) por miligramo. Esto es menos de la mitad de su precio regulado actual, pero sigue estando muy por encima del de las versiones genéricas que fueron prohibidas en 2012 cuando, tras una década de litigios, un tribunal colombiano dio a Novartis la patente exclusiva de una de las dos variantes del medicamento.

En una carta del pasado 20 de abril, la filial local de Novartis dijo que no considera conveniente iniciar negociaciones sobre los precios y que la decisión de anular las patentes debería tomarse solo en circunstancias excepcionales y no emplearse como arma de negociación.

Gaviria dijo que está dando tiempo a Novartis para que reconsidere su postura. Pero si la empresa suiza no lo hace, apunta, planea declarar el acceso al fármaco para la leucemia un asunto de interés público a su regreso de un viaje a Ginebra la próxima semana, donde asistirá a una reunión de la Organización Mundial de la Salud.

Glivec es el producto más vendido de Novartis desde 2012, generando solo el año pasado un total de 4.700 millones de dólares en todo el mundo, o cerca del 10% de los ingresos de la firma. Pero no ocupará esta posición privilegiada mucho más tiempo. Desde el pasado 1 de febrero, Glivec enfrenta la competencia de genéricos en Estados Unidos, un mercado que representa la mitad de sus ventas. Como consecuencia, las ventas del primer trimestre de 2016 bajaron un 40% en el país y un 20% en todo el mundo.

En Colombia, la patente expira en julio de 2018.

El portavoz de Novartis, Eric Althoff, rechazó responder a preguntas sobre el objetivo del gigante farmacéutico en sus conversaciones con Bogotá. Tampoco dijo si Novartis reclutó a funcionarios estadounidenses para presionar al gobierno a que defendiera su patente del medicamento.

La empresa está “buscando de activamente una resolución al tema de nuestra patente de Glivec en Colombia que beneficie a los pacientes, la innovación y el sistema de atención sanitaria”, explicó Althoff en un correo electrónico.

Novartis dice que el medicamento está sujeto a los controles de precios de Colombia desde 2011 y que existen dos versiones genéricas. Pero el Ministerio de Salud apunta que la competencia de genéricos que había antes fue prácticamente anulada por la agresividad de la farmacéutica en el mercado y por el temor de los competidores a procesos judiciales por infringir la patente.

Lo que no se discute es cuánto se ahorraría Colombia con la emisión de las llamadas licencias obligatorias. El costo de un tratamiento con Glivec asciende a unos 15.000 dólares anuales, casi dos veces el ingreso medio de un trabajador colombiano. Según un estudio del ministerio, sin la competencia de los genéricos, el gobierno tendría que haber tenido que pagar 15 millones de dólares extra cada año por el suministro de Glivec.

Más de 100 abogados y expertos en salud de todo el mundo firmaron esta semana una carta en apoyo al gobierno de Bogotá.

“La presión sobre Colombia es falaz pero real”, expresó Andrew Goldman, abogado del grupo Knowledge Ecology International, con sede en Washington, que fue el primero en obtener los memorandos de la embajada. “Siempre asumimos que este tipo de intervenciones son las que ocurren tras bambalinas, pero rara vez tenemos la ocasión de verlo de cerca”.

 

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