De ODEBRECH, derecho penal y el Comité Político

Valentin Medrano 2
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Por: Valentin Medrano Peña.

Un tema de innegable interés a nivel del Continente Americano es el relativo a la mega corrupción incentivada por la Empresa brasileña de incidencia multinacional ODEBRECH, misma que ha admitido y por igual ha resultado condenada por el soborno para obtener contratos multimillonarios en diferentes Estados latinoamericanos incluidos la República Dominicana, básicamente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de los periodos 2004 hasta la actualidad.

Desde el primer gobierno del Presidente Leonel Fernández, este procuró democratizar las decisiones nacionales más trascendentes hacia lo interno de su cuerpo partidario, haciendo coparticipes de los pactos, los contratos, las decisiones políticas y administrativas, las elección de las direcciones cámaracongresuales, las contratas, en fin, en todo cuanto concernía a la labor de dirección del Estado, a la vez que creaba un organismo paragubernamental al margen de la Constitución de la República Dominicana, pero con la capacidad de predecidir todo cuanto competía al Congreso de la República Dominicana y al Ejecutivo, y de este estamento extralegal son miembros ex-oficio los presidentes de ambos hemiciclos congresuales.

Al denominado Comité Político del PLD se le considera con un poder decisional tal, que nada ocurre en el país si no es de la voluntad expresa del poderoso Comité Político, ni la hoja de un árbol cae sin su expreso permiso, por ello es frecuente el lobbísmo al rededor de estos honorables hombres de poder, tendente a la consecución de posiciones en el tren gubernamental; en el andamiaje político; en las candidaturas partidarias y extrapartidarias; asensos a nivel policial o militar y puestos en esas dependencias; nombramientos en el exterior; cancelación de nombramientos; reposiciones; la apropiación, titulación y repartos de partidos políticos; el otorgamiento de obras; en la aprobación de leyes y en fin en todo cuanto amerita de decisiones de pe$o.

El presidente Fernández intentó emular a los partidos políticos y las direcciones de los trenes gubernamentales que se aplicaron en los Estados de corte socialistas y comunistas de principio y mediados del Siglo pasado, donde un Comité de elegidos cuasidivinos decidían toda la vida institucional de esas naciones.

En su momento no tenía nada de malo lo hecho por Fernández, y de hecho el empoderamiento de esa entidad fue de la exclusiva responsabilidad del ex mandatario, quien en su momento tuvo a su alrededor el poder de radiar ese cuerpo y decidir a su antojo los asuntos para los que prefirió otorgarle al CP una cuota de poder con el aparente fin embrionario de hacer más democrática las toma de decisiones Pero olvidó que las apetencias crecerían para quienes con honrosas excepciones se creían predestinados a ser presidentes, elegidos del destino que pasaron rápidamente de profesorcillos a acaudalados hombres de negocios desde el Estado y con poder.

Una de las principales decisiones dejadas a la exclusividad del Comité Político es la escogencia de los bufetes directivos de las cámaras legislativas, las que de una forma u otra quedan en el rango de acciones necesarias, bien para poner en agendas los megacontratos corrompidos de la ODEBRECH, bien para facilitar su aprobación, lo que en lógica ha llevado al periodista de la autoridad moral de Domingo Páez, así como a cualquiera que actúe en lógica, a entender como apropiado dentro de una investigación responsable y objetiva, el que se investigue a quienes han ocupado la dirección de las cámaras legislativas en ocasión de la aprobación de los contratosobornos.

Pero si por igual, como ha ocurrido, que el Comité Político ha sustituido Órganos y Entes constitucionales, e incluso bajado líneas para la aprobación de cosas en el legislativo sin que siquiera se lean, imponiéndose incluso a las voluntades contrapuestas de electos a esos cuerpos legislativos, entonces no resulta para nada descabellado, que ante tanto dinero rondando, ante tantas voluntades cooptadas por el oro corruptor, ante el histórico del papel jugado por esta entidad, no es de locos extender la necesidad por igual de extender la investigación a los omnipotentes miembros del Comité Político.

El nuestro es el único país, salvo Ecuador, que no ha reaccionado con acciones legales contundentes contra los confesos violadores de la Ley de factura brasileña y sus cómplices locales necesarios.

Todos conocemos cómo una nación; hasta entonces conocidas sólo por las notas periodísticas, su futbol y dos o tres cantantes cariocas que decidieron grabar en Español con relativos éxitos, sin vínculos históricos trascendente con nuestro país; de repente saltó a ser un socio comercial protagónico, desplazando a competidores más cercanos, menos onerosos y de más tradición comercial e histórica. A muchos les olió mal, pero en su momento era y aun parece ser, pecaminoso siquiera dudar de los “nuevos salvadores impolutos del país que fue dejado en quiebra por quienes solo saben hacer oposición”.

La inacción persecutoria tenía muchas razones, basta indagar quienes son los abogados de la multimillonaria ODEBRECH para entender su bautismo contra cualquier tipo de males investigativos, lo que hace pensar que si hubiera dependido de los obligados a poner en movimiento la acción pública persecutoria jamás sabríamos de esos 92 millones de dólares y de las casi inmencionadas sobrevaluaciones de dichos contratos. El dinero sirvió para mucho y muchos, de hecho a mí se me antoja que decidieron elecciones, o al menos asesoraron candidatos.

ODEBRECH jamás seria tocada en ese caldo de cultivo, y la confusión es tal, que siquiera sabemos si realmente se procura una investigación honesta, pues los abogados de ODEBRECH parecen socios del buen Tío Sam, lo que crea una enorme duda de si se procurará llegar a todo y a todos.

A la necesidad de transparentar la investigación, el buen  presidente Danilo Medina, bueeeeno al estilo Ricardo Nieves, responde con el establecimiento de una comisión muy a su antojo y acomodo, de gente comprometida casi en su totalidad, sin preparación investigativa, sin formación legal, atados de pies y manos y reiteramos, muy comprometidas. Lo que representa otra forma de, como en el empoderamiento del Comité Político por parte de Fernández y continuado por Medina, una absoluta violación a la Constitución de la República y una mofa a los que mínimamente se han formado en el derecho penal.

 

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