Los súper policías

Valentin Medrano
Valentin Medrano

Por Valentín Medrano Peña

Las quejas por las decisiones judiciales en materia penal son el pan nuestro de cada día. Es muy común escuchar, leer o ver a través de los medios de comunicaciones tradicionales, y aún más coloridamente en las redes sociales, casi siempre de forma satirizada, serios cuestionamientos a las decisiones judiciales punitivas, sobre todos cuando estas plantean el descargo o liberación de algún imputado en un caso sonoro.

Recientemente por ejemplo, tres jueces del Departamento Judicial de Santo Domingo ordenaron un nuevo juicio en favor de un imputado por un proceso de Estupefacientes acaecido en la Provincia de Monte Plata, en un caso en que el imputado parece ser de interés para El Tío Sam.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar por parte del Ministerio Público, que desde hace un tiempo a la fecha, decide atacar las decisiones por vía mediática en lugar de acogerse al ejercicio recursivo que contempla en Código Procesal Penal.

Esta práctica deleznable ha obligado a los abogados a tener que lidiar de forma desigual en varios frentes no contemplados en los estudios de formación jurídica.

Ya no sorprende el que entre sus tácticas de defensa un abogado incluya una rueda de prensa o una visita a un medio de comunicación para ejercer el derecho a réplica. El ejercicio del derecho ha sido mediatizado.

En el caso citado, tres jueces a todas luces honorables, ordenaron un nuevo juicio a un imputado sobre el que pendía una pena anterior, lo que según el Código Procesal Penal en su artículo 303 no es susceptible de ningún recurso pues se asimila al Envío a Juicio, esto claro está, salvo dos nuevos recursos creados a raíz de esta decisión judicial, el primero, la cancelación injusta e injerencista de sus visados por parte de USA, y el segundo, la genuflexa, guacanagarixesca y abusiva suspensión sin disfrute de sueldo y el posible juicio disciplinario por parte del Consejo del Poder Judicial.

Una vergüenza, que hace pensar la posibilidad de que haya sido un gran error el sacar de entre las atribuciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia el conocimiento de los asuntos disciplinarios internos y otorgarlo a este “deiforme” Consejo (error de elección, selección y escogencia).

Este caso sirve para develizar un mal de fondo que nos mantendrá sumidos en un lastre insalvable desde el punto de vista procesal y que apunta al definitivo aniquilamiento del debido proceso y de la seguridad jurídica en el país, o lo que es lo mismo decir, la desconstitucionalización de los procesos “mal llamados” jurídicos.

De lo que se trata es de la presión que se hace para narigonear los resultados en las decisiones judiciales.

El Ministerio Público maleado, y que tendrá que ser salvado por el nuevo incumbente de ese órgano constitucional, presiona para que se dé el automático decisional antijurídico de que los tribunales les concedan sus pedimentos al pie de la letra, sin saber que con ello, no sólo se matan los derechos de los actuales imputados, sino que por igual se aniquilan las garantías de todos los ciudadanos, aunque estos no alcancen a entenderlo.

¿Cómo se origina todo esto?, el juez o tribunal sucumbe ante el Ministerio Público y decide acorde a lo pedido pero en contra de sus convicciones, bien por la presión del órgano de persecución penal que cuenta con la cofradía de una parte de la prensa, insensata o desconocedora de la importancia de una justicia imparcial e independiente, que ha llegado a acuñar frases como que “los Policías hacen su trabajo, y la justicia se los daña”, o bien por la complicidad del Consejo del Poder Judicial que persigue a los jueces a través de la Inspectoría judicial por decisiones jurisdiccionales, y recrea juicios en los que no se respeta siquiera las exigencias mínimas del debido proceso como resultó admitido en la pasada Cumbre del Poder Judicial. Esas presiones aniquilan la resistencia del buen juez que no se quiere ver expuesto a la picota pública y atacado en su dignidad y honestidad. La decisión se sabe de antemano.

Pero ¿quién instrumenta este pedido que es exteriorizado por el Ministerio Público en las audiencias?, Lo hace La Policía, el Ente de investigación judicial que puede definirse como el cuerpo de seguridad de carácter público sometido a un ordenamiento jurídico interno, que tiene como finalidad el mantenimiento del orden público por medio a la prevención de los delitos y la erradicación y la persecución de las acciones que puedan afectar o hayan dañado los bienes jurídicos protegidos por la ley, además de la seguridad y los demás aspectos que conforman el orden público, por medio de las investigaciones que sirvan a esos propósitos.

Vale decir que, según todos los estudios realizados en la República Dominicana por organizaciones nacionales y extranjeras, la institución más desacreditada en nuestro país es la Policía Nacional, misma que levanta el informe imputacional que presenta al Ministerio Público a fuer de exigencia para que se procese a sus señalados, y una vez hecho esto, el Fiscal se encarga, con la carga mediática y los escarceos persecutorios a lo interno del Poder Judicial por medio a su Inspectoría, de presionar al juez, quien al final otorga la decisión que originalmente es del Policía. Lo que quiere decir, que muy a pesar de las deficiencias, el desgaste, el descrédito y su ineficacia, la policía dominicana es la gran policía, la súper policía, pues hemos sido llevados a que la suerte de un ciudadano, su libertad constitucionalmente consagrada, su seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, y en fin sus garantías de derechos constitucionales, la decida un policía, quien sólo tiene que señalar y el sistema se encarga de mover los engranajes de condenación sin expectativas de justicia para el así imputado. Es esto lo que se llama un régimen policiaco de investigación y procesamiento penal, donde las garantías son reducidas a un nada absoluto.

Esta relación plantea una situación interesante, pues los mismos informes internos de la Policía apuntan a un descenso en la calidad y formación de sus miembros, muchos de los cuales apenas saben leer y escribir. Ya sabemos de las faltas de recursos que les hacen sujetos de un sueldo cebolla que deprime aún más sus posibilidades de formarse, lo que hace de la función policial una poco atractiva desde el punto de vista económico, pero quizá lo aquí tratado explique por qué desde el punto de vista del poder no sea así, y ello explicaría el por qué las filas para ingresar a la Policía sigue siendo enorme. La explicación parece ser porque en el aspecto punitivo, en el ejercicio del poder punitivo del Estado, el mayor poder conferido al Estado, el Policía en los hechos tiene más poder que los Fiscales y que los jueces, es nuestro Súper Policía. Y ese poder en sus manos y su escasa formación es lo que explica el lodo en que estamos como sistema de derecho.

No son abogados, no acudieron a la Escuela del Poder Judicial ni a la del Ministerio Público, tienen un sueldo degradado, los estudios le etiquetan como una institución corrupta, cientos de sus miembros son acusados de la comisión de delitos comunes, es la institución con mayor nivel de descrédito, carece de un buen sistema de méritos y de consecuencias, sus procesos son vulnerables, la prevención elemento troncal de su actividad ha sido vencida por la delincuencia, sus investigaciones tienen muchas carencias, sin embargo, El Súper Policía tiene la fortaleza de someter a todo un Poder del Estado y utilizar discrecionalmente a un órgano-parte de otro Poder del Estado, con resultados precarizadores de derechos fundamentales. Y entonces, ¿Es o no un Súper Policía?

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