San José, Costa Rica.– La República Dominicana y Panamá firmaron un convenio, la tarde de este jueves, que propiciará el cumplimiento de las sentencias condenatorias a los nacionales de ambos países, en sus respectivos territorios, a fin de facilitar una adecuada reinserción social de estas personas.
El acuerdo fue suscrito por los Cancilleres, Miguel Vargas, de la República Dominicana y la Vicepresidenta y Canciller de la República de Panamá, Isabel de Saint Melo de Alvarado.
Vargas acompaña al Presidente Danilo Medina, quien se encuentra en este país participando en la XLIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
Previo a la firma, el Canciller dominicano expresó que el convenio recoge aspectos procesales que servirán como instrumento para enfrentar los delitos tradicionales y los nuevos que utilizan los antisociales, destacando al mismo tiempo que las relaciones entre República Dominicana y Panamá “se encuentran en su mejor momento”.
Subrayó que dicho acuerdo está basado en los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos e inspirado en los excelentes lazos de amistad y recíproco entendimiento que han guiado siempre las relaciones entre las dos naciones.
Sobre el acuerdo
En el ámbito de la aplicación, el Convenio regula la ejecución recíproca de las sentencias penales condenatorias a penas o medidas privativas o restrictivas de libertad que les hayan sido impuestas en territorio de una de las partes, a los nacionales o ciudadanos de la otra parte.
De igual manera señala que “las penas o medidas privativas de libertad pronunciadas por un juez en razón de infracciones penales que sean impuestas en República Dominicana a nacionales panameños, podrán ser cumplidas en establecimientos penitenciarios de panamá conforme a las disposiciones del presente Convenio”.
El Acuerdo dispone que las partes designarán como Autoridades Centrales a la Procuraduría General de la República, por la República Dominicana, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, por la República de Panamá, la cuales “deberán informar sobre la existencia, contenido y consecuencias de aplicación del presente Convenio, a las personas condenadas cuya calidad les permita acogerse al mismo”.
