Santo Domingo, República Dominicana.- El economista Haivanjoe NG Cortiñas, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró en el día de hoy que una eventual aprobación de la Ley de Partidos Políticos con la modalidad de las primarias abiertas para elegir sus candidatos a puestos electivos, podrían implicar nuevas figuras impositivas o mayores tasas de impuestos a los ya prevalecientes.
NG Cortiñas fundamentó su afirmación, dada la información que ofreció el Presidente de la Junta Central Electoral (JCE), en cuanto a que para poder organizar unas elecciones primarias para los distintos partidos reconocidos en el 2019, el organismo rector de los asuntos electorales necesitaría más de cinco mil millones de pesos.
Entonces, si se cumple el mandato de la Constitución vigente, con relación al Artículo 237, que dice que, “No tendrá efecto ni validez la ley que ordene un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución”, el gasto presupuestado de los más de 5 mil millones de pesos para las elecciones primarias de los partidos políticos, los ciudadanos tendrán que contribuir por la vía impositiva con el equivalente a la suma indicada, argumentó el economista.
Recordó NG Cortiñas que en los últimos años el presupuesto nacional ha venido presentando cada vez más, mayores montos de déficit financiero, llegando a situarse en RD$86,999 millones para el 2018, lo que indica que no hay espacio fiscal para destinar nuevas cargas de gasto al Estado, a no ser que sea por la vía de más impuestos.
El economista también llamó la atención hacia el hecho de que si el proyecto de ley de partidos políticos no consigna las fuentes que identifiquen los recursos que el Estado necesitaría para poder afrontar las nuevas cargas de gastos, de aprobarse con la ausencia de ese dispositivo, la ley no tendría ni efecto ni validez, conforme a la Constitución de la República.
El dirigente del PLD entiende que al Estado no se le deben asignar más obligaciones financieras al margen de un pacto fiscal, razón por la que sería irracional aprobar una ley con cargas publicas permanentes, que previsiblemente no son autosostenibles dentro del actual escenario de las finanzas públicas
