SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) En la pasada gestión pagó sin contrato la suma de RD$2,157,174,862 a proveedores, algunos de los cuales son inexistentes y otros eran funcionarios de la propia institución.
De acuerdo a una publicación de un periódico Nacional, La OMSA realizó compras de forma directas por RD$2,209,242,493, sin tomar en consideración la formalidad de contratación establecida por Ley, así lo establece la auditoría que realizó la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la gestión 2012-2017 en la (OMSA), cuyo documento completo fue obtenido por el periódico El Nuevo Diario.
Asiminsmo, dicha investigación especial arrojó múltiples y agraves irregularidades que comprometen la Constitución y otros instrumentos legales y disposiciones administrativas.
La Cámara de Cuentas concluye en su informe que en la administración de Rivas al frente de la OMSA (22 de agosto 2012 al 17 de octubre 2017), se incurrió en inobservancia de las disposiciones legales, se hicieron desembolsos millonarios por concepto de pagos por adquisiciones de bienes y servicios, no sustentados por la documentación correspondiente.
El informe, que le fue entregado el pasado jueves a la Procuraduría General de la República, establece que los hallazgos comprometen la responsabilidad penal de los funcionarios investigados, encabezados por Manuel Rivas, exdirector del organismo, y quien guarda prisión por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez, crimen que desató el escándalo de corrupción en esa dependencia gubernamental.
Igualmente, la CCRD determinó que hubo duplicidad en contratos de reparación de equipos y en los desembolsos de pagos realizados a los beneficiarios.
Resalta la ilegal práctica de fraccionamiento de los procesos de compras y contrataciones, con la finalidad de eludir los procedimientos legales, y también se hicieron declaraciones de urgencia de manera injustificada.
También evidencia irregularidades en los domicilios de las empresas contratadas, como dificultad de localización, los cuales tampoco reúnen las condiciones mínimas necesarias como suplidores.
Se hicieron avances de pagos por montos superiores a los previstos por la normativa, y muchas negociaciones se realizaron sin los contratos correspondientes que avalaran las operaciones concertadas y garantizaran la legalidad de lo pactado.
En su informe, la Cámara de Cuentas establece que las irregularidades encontradas impactan negativamente en el patrimonio público y han causado graves daños económicos a la OMSA.
Dice que la actuación de los principales funcionarios estuvo al margen de la Constitución de la República y la ley, estableciendo vínculos entre estos y empresas contratadas.
