LA HABANA (AP) — En 2008, Raúl Castro se hizo cargo de un país en el que poca gente tenía computadoras o celulares, del que sus ciudadanos sólo podían salir al extranjero con un permiso especial y era difícil para cualquiera iniciar un negocio propio.
Una década después, sólo basta caminar por las calles de Cuba para ver el cambio dramático operado: hay miles de pequeños comercios, cafeterías, casas para alojar turistas, carteles de venta de viviendas y ofertas de productos del agro para beneficiarios de tierras en usufructo, mientras millones de personas se comunican con familiares y amigos en el exterior mediante un sistema de wifi público, limitado pero accesible.
Además, desde que el mandatario cubano y su colega Barack Obama restablecieron relaciones diplomáticas en 2015, una parte no especificada de la deuda externa de la isla fue condonada o reestructurada y el número de turistas se duplicó hasta alcanzar unos cinco millones de visitantes al año.
Castro será recordado porque se atrevió a romper el estigma de la iniciativa privada como incompatible con el sistema socialista cubano y permitió a partir del 2010 un incipiente mercado laboral independiente del Estado, que en tiempos de su hermano el fallecido Fidel hubiera sido impensable.
Aunque visiblemente los cambios son muchos, algunos de ellos parecen detenidos desde hace unos meses. Otros fueron menores a lo que se esperaba: la empresa pequeña y mediana, por ejemplo, no se legalizó; sigue sin abrirse un verdadero mercado mayorista, los emprendedores no cuentan con facilidades y la entrega de algunas licencias se congelaron en agosto a la espera de nuevas regulaciones para el sector no estatal que nadie sabe a ciencia cierta en qué consistirán.
“Económicamente hemos levantado”, dijo a la AP Yanelis García, una madre de tres hijos que en los últimos años comenzó a ahorrar dinero con la cría de cerdos hasta construir un hostal de seis habitaciones en la ciudad de Santa Clara. “La parte que no nos cumplió (Raúl Castro) fue por ejemplo…un mercado mayorista, a donde pudieras tener lo que te hacía falta”.
García y los otros emprendedores deben conseguir sus insumos en los mercados minoristas estatales de los que también se surte la población, generando para ella gastos adicionales y para las personas desabasto provocado por los pequeños empresarios que suelen arrasar con la mercancía, sobre todo bebidas y alimentos.
Pero, animada por el crecimiento que vislumbró, García incluso pidió y obtuvo a inicios del año pasado un crédito bancario, y comenzó a construir un bar en su azotea. Ahora, sin embargo, prefiere no terminarlo ante el temor de las nuevas regulaciones prometidas, las cuales podrían ser más restrictivas, según algunos indicios gubernamentales.
En diciembre pasado el vicepresidente Marino Murillo dejó entrever que solo se permitirá una licencia por persona, por lo que personas como García se verían imposibilitadas de rentar habituaciones y tener un bar.
Y aunque es indudable la incipiente apertura a la iniciativa privada, la realidad es que el Estado aún centraliza buena parte de las actividades económicas: todavía emplea a tres de cuatro personas en la isla y los salarios gubernamentales son bajos, equivalente a unos 30 dólares mensuales, por lo que muchos trabajadores desvían mercancías bajo su cuidado para revenderlas en el mercado negro, mientras que familias enteras viven de las remesas que les envían sobre todo desde Estados Unidos y Europa.
Castro mismo exhortó en diversas ocasiones a sus funcionarios a cambiar de mentalidad, a deshacerse de los prejuicios contra la empresa privada, y a entender que el modelo socialista necesita ser renovado para no perecer. Sin embargo, también calmó las críticas de quienes le urgían a ir más rápido, explicando que la revolución no pude darse el lujo de aplicar medidas de ajustes rápidos que den al traste con la protección social a los sectores más vulnerables.
