Por: Valentín Medrano Peña.
El Jueves 7 de Junio en horas tempranas de la noche, el Procurador General de la República, Jean Rodríguez, presentó al país la acusación respecto al denominado caso Odebrecht, la cual fue precedida por una exhaustiva investigación que se extendió por alrededor de un año. Se trata de un bien estructurado expediente, solido, bien elaborado y que sin dudas garantiza condenas.
En su alocución al país el Procurador General de la República cursó un periplo detallado por el recorrido cursado con miras a la imputación final respecto a los investigados.
Con su anuncio el Magistrado Jean Rodriguez inauguró varios momentos de asentamientos del debido proceso de ley que deben servir de precedentes futuros para los procesos punitivos en el país y que sin dudas merecen ser ponderados.
Lo primero que hay que exaltar del Ministerio Público es que por vez primera en la historia procesal de esta nación se dio cumplimiento fiel a la secretud que ordena el artículo 290 del Código Procesal Penal para la etapa preparatoria. Las vocinglerías y filtraciones de pruebas y actuaciones no coparon los anaqueles periodísticos. Se respetó el derecho al buen nombre, la imagen y la seriedad de la investigación luego del arresto u sometimiento de los encartados
Otro hecho importante, lo constituyó el que con su anuncio novedoso de la acusación y sus detalles, la Procuraduría llenó las exigencias del artículo 49 de la Constitución de la República que expresa el derecho de la ciudadanía a ser informada. Así mismo en la ocasión, al llegar a la fecha límite para la presentación de su acto conclusivo, el Ministerio Público por vez primera reivindicó el constitucional Principio de Objetividad, que le obliga a recoger pruebas a cargo y descargo como garantía de que la acusación alcance a quienes las pruebas anuncien la posibilidad de condena en un eventual juicio de fondo.
Los para algunos inentendidos archivos del proceso para imputados, fue el mayor aporte a los derechos humanos, a las garantías penales sustantivas y plantea la entereza, responsabilidad y seriedad en la investigación y en los funcionarios participantes.
Ninguna de las consideraciones que se emiten en contra de la idoneidad de la acusación del Ministerio Público, responden a criterios técnicos o se basan en conocimientos de la intrínguli de la investigación, o aportan pruebas de sustento a lo que deviene en especulaciones.
El hito histórico retratado con antelación sólo es superado por la histórica reducción a condición de imputados de dos senadores y un diputado, un ministro de gobierno, tres miembros del Comité Político del partido en el poder, tres ex ministros, y en fin, todos los que resultaron enlistados en los documentos que manaron de las delaciones de funcionarios de la empresa Odebrecht, algo nunca antes visto y casi inimaginable.
El manejo dado por el Procurador a este proceso es impecable, y el alcance de la investigación y sus actuaciones, un legado histórico en favor de los derechos fundamentales, del que todos resultamos beneficiados.
Las críticas responderán a cualquier cosa menos al interés legítimo de aportar a la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues no existe precedente que se iguale a la actual procura, su transparencia, objetividad y seriedad
