Santo Domingo, República Dominicana.-Después de dos décadas promoviendo la necesidad de una normativa legal para el fortalecimiento democrático y la transparencia del sistema político, Participación Ciudadana (PC) acoge y celebra los avances contenidos en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
En un comunicado en el que fija su posición sobre la nueva legislación, promulgada el lunes por el Poder Ejecutivo, PC cita como avances la reducción del costo de las campañas por las candidaturas y un mayor control de las fuentes de financiamiento.
Señala que de esto se deriva la limitación a tres meses de las promociones de candidaturas y su reclusión al ámbito interno de los partidos, en locales cerrados, sin propaganda en las vías públicas ni en la radio y la televisión.
Resalta que las únicas fuentes de financiamiento establecidas en la ley son las contribuciones individuales, las del Estado y las rentas derivadas de las actividades propias de los partidos, sin contemplar contribuciones de las empresas, ya sean nacionales o internacionales.
“Celebramos que se haya adoptado la transparencia sistemáticamente demandada con la obligación de un registro de contribuyentes, con nombres, apellidos, cédula de identidad y monto de los aportes, que deberá publicarse en las páginas electrónicas de los partidos y someterse al visado de la JCE, que tendrá a su cargo la creación de una Unidad de Control Financiero de los Partidos”, agrega PC.
Asimismo, destaca que la ley obliga a los partidos a “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras organizativas”. Aunque no establece lo mismo para las candidaturas, resulta un avance que la proporción mínima por género se eleva del 33 al 40 por ciento de las mismas.
Otro logro positivo de la ley es la disposición de que todos los partidos, agrupaciones y movimientos deberán tener un padrón de miembros actualizado cada año ante la JCE. También que se adoptan mecanismos para evitar el dañino transfuguismo.
Añade que la Ley reitera como ilegítima la utilización de todo género de bienes y recursos del Estado por parte de los partidos, más allá del financiamiento legal instituido, e incluye la prohibición de obtener rentabilidad política de los actos oficiales, como inauguraciones, en los periodos de campañas electorales.
Sin embargo, PC indica que hay aspectos en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que requieren mejoría y cita como el más negativo el que otorga el privilegio a los organismos cúpulas de los partidos de decidir el tipo de registro de electores y el padrón a utilizar en la elección de sus candidatos.
Entiende que esto va en desmedro de los estatutos y principios que consagran la democracia interna, dejando un espacio a impugnaciones de aspectos constitucionales.
Igualmente, apunta que sobre el financiamiento de las elecciones primarias, con padrón interno o el de todos los ciudadanos, es obvio que la ley se queda corta, ya que las aportaciones estatales a todos los partidos en el año preelectoral no alcanzarían para cubrir su costo, mucho menos si apenas dos se acogen a métodos de elección que impliquen la apertura de todos los colegios y el complejo escrutinio de los votos individuales a múltiples aspirantes a los 4 mil 106 cargos electivos.
