Por: Wagner M. Encarnación M.
SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró positivamente la ratificación ayer miércoles de la sentencia que anuló más de 1,200 títulos de propiedad de terrenos en Bahía de las Águilas, destacando “que es un gran logro para el país por lo que representará en el futuro para el desarrollo del turismo, mayores oportunidades de trabajo y mejor calidad de vida para todos los dominicanos”.
El magistrado Rodríguez dijo que la recuperación de esos terrenos que estaban en poder de particulares de manera fraudulenta, favorecen grandemente el desarrollo del país, sobre todo, de la región sur, ya que los mismos forman parte del plan gubernamental de desarrollo turístico de la zona sur.
“Esta decisión mediante la cual se ratifica la anulación de los títulos de propiedad obtenidos de manera fraudulenta en Bahía de las Águilas, resulta un gran paso de avance en los esfuerzos que estamos realizando para recuperar ese patrimonio público que por décadas estuvo en manos de personas que se apropiaron de esos terrenos de forma ilegal”, dijo el jefe del Ministerio Público.
Declaró que esta victoria del pueblo dominicano tendrá un impacto muy positivo en la economía de la nación, tras señalar que ese fraude inmobiliario ha impedido que se desarrolle el turismo en la zona y que se generen importantes fuentes de trabajo y de ingresos económicos tanto para residentes en la zona como para el Estado.
Al emitir un comunicado de prensa con sus valoraciones sobre la sentencia, el procurador Jean Rodríguez aseguró que seguirán trabajando y haciendo todos los esfuerzos que se requieran para que esos terrenos sean devueltos en su totalidad al Estado dominicano, tras manifestar que es su legítimo propietario.
La Procuraduría General de la República recordó que en el año 2014 lograron que la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional anulara todos los títulos fraudulentos emitidos a particulares dentro de la referida parcela 215-A, la cual fue ratificada en el año 2016 por el Tribunal Superior de Tierras.
