Afirman economía dominicana se fortalecerá con nueva ley de lavado de activos

GAETAN BOUCHER PRESIDENTE CCTDS2
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La Ley 155-17 contempla penas de hasta 20 años y multas que ascienden a los 400 salarios mínimos; así como la inhabilitación temporal o permanente.

Santo Domingo.- Una vez más, la CCTDS juntó a las voces más expertas del país para realizar una radiografía de la economía dominicana y analizar los retos que deberán enfrentarse en el futuro cercano. En esta oportunidad, los expositores desmenuzaron la realidad nacional y los factores que la afectan, al tiempo que aseguraron que para el año 2019 se espera que la economía local se mantenga en crecimiento, con una inflación controlada y una devaluación similar a la de años anteriores.

Entre los participantes a este foro destacaron Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del CREES; Bernardo Fuentes, segundo vicepresidente de Estudios Económicos del Banco BHD León; Alejandro Fernández, director de Argentarium Betametri; y Jaqueline Mora, directora ejecutiva de Analytica, quienes desde sus perspectivas particulares coincidieron en la estabilidad del sistema económico del país.

Sin embargo, la economía se desenvuelve dentro de un orden institucional, y para Ernesto Selman es importante que este se cumpla para avanzar hacia posiciones de primer mundo. “El reto es cambiar el orden constitucional y que todos cumplan las leyes”, aseguró el vicepresidente ejecutivo del CREES.

Además, la economía se dinamiza con los cambios y República Dominicana no será la excepción. Jaqueline Mora, directora ejecutiva de Analytica, apuntó que las disrupciones que puede traer China al país, así como los nuevos métodos de energía limpia y renovable, se verán reflejadas muy pronto en la economía dominicana.

Nueva Ley

La entrada en vigor de la Ley 155-17 para la persecución del lavado de activos, lejos de ser una piedra en el zapato para los negocios, será la garantía de que en el país se pueden realizar inversiones con transparencia.

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, explicó los desafíos que enfrenta el país con esta nueva legislación, que persigue promover los negocios seguros y garantizar el crecimiento y competitividad de la nación; así como crear mecanismos para evitar el dinero ilícito.

“Esta nueva ley castiga infracciones como testaferrato, soborno transnacional, enriquecimiento injustificado, delito tributario, delitos financieros y sicariato; por lo que cualquiera de estas puede dar origen a una investigación por lavado de activos por parte del Ministerio Público”, expresó el procurador durante su ponencia.

La Ley 155-17 contempla penas de hasta 20 años y multas que ascienden a los 400 salarios mínimos; así como la inhabilitación temporal o permanente.

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