Candidatos con condenas e historial delictivo

Por; Jesús M. Guerrero

Inicio este escrito con la siguiente frase de Eduardo Galenao, cito: “El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso.”

Desde el proceso electoral pasado, es sabido por todos que muchos de los aspirantes a los diversos cargos electivos que se disputaron en lo congresual y municipal hubo candidatos que exhibían en su hoja de vida encontronazos con la ley, desde fichas de arrestos hasta sentencias condenatorias. Por tanto, cuando una de las principales demandas sociales es la transparencia; vemos elementos que no son garantías para dicho objetivo tratar de colarse a los estamentos del Estado en perjuicio del ejercicio político que debe asumir los pedimentos sociales como sus banderas de lucha.

Ya quienes han ganado curules y alcaldías, aun siendo un hecho notorio que tienen bastante cola que les pisen; solo queda que el electorado los juzgue con la principal herramienta democrática, el voto. Todo aquel que incurra faltas criminales tiene todo el derecho de reivindicarse con la sociedad y merecen el beneficio de la duda, sin embargo causa suspicacia que traten de hacerlo desde posiciones públicas.

Podemos ver en nuestra ley electoral No. 275-97, cito su artículo 21: Antecedentes Penales. Están incapacitados para ser miembros o secretarios de las juntas electorales, titulares o suplentes, las personas que se encuentren subjúdices o hayan sido condenadas por infracción a la ley electoral, por crimen en general, por delito contra la propiedad, por soborno o cohecho, por falsificaciones o por malversación de los fondos públicos.” No es ilógico establecer estas restricciones para quienes aspiran a ocupar puestos públicos de elección popular y tengan condenas o fichas, si a quienes deben supervisar los procesos electorales serán excluidos de la oportunidad de desempeñar el cargo por crímenes en general.

Para los comicios del año 2016, el Exprocurador Adjunto Miranda Villalona, declaró lo siguiente: “En marzo de este 2016, el hoy procurador adjunto Miranda Villalona declaró que se investigaba a entre 10 y 20 candidatos a puestos electivos en las pasadas elecciones por presuntamente tener algún tipo de vinculación con lavado de dinero y la venta de narcóticos. Aún se está a la espera de los resultados de la investigación.”

El art.30 de la ley de partidos políticos en su numeral 2, consagra: “2-Derecho a elección y postulación. Es derecho esencial de los miembros de un partido, movimiento o agrupación política: el elegir y ser elegido para cualquier función de dirigencia o postulación para ocupar un cargo de elección popular, conforme a los requisitos establecidos en la presente ley, sus estatutos, y disposiciones reglamentarias.”

¿Por qué no fue agregada esta exigencia del papel de buena conducta o de no antecedentes penales expedido por la PGR?

Podemos ver el caso de Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene como procedimiento solicitar los antecedentes penales de los candidatos al Poder Judicial y la falsificación o alteración de estos datos, conlleva la anulación de la candidatura, porque esto es la comprobación de la documentación consignada por los mismos aspirantes. Incluso tienen una ventanilla única para el depósito de dicha documentación.

En México es mucho más drástico, ningún ciudadano con antecedentes penales puede ser candidato a ningún puesto electivo, cito las declaraciones del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para referirse a la situación de Napoleón Gómez Urrutia candidato a senador por MORENA, cito: “La ley es muy clara, si se tiene antecedentes penales no se puede ser candidato, a todos, nada más que se pruebe que en efecto tengan antecedentes penales.”

También podemos ver los requisitos para ser Primer Ministro en Turquia, ser nacional de Turquía, mayor de 25 años, haber completado la educación primaria y el servicio militar, y no tener antecedentes penales que hayan supuesto una pena superior a un año de prisión.

Nuestra Carta Magna dispone la suspensión de los derechos ciudadanos en su art.24, en su numeral 1 establece la razón de la condenación irrevocable a pena criminal, hasta término de la misma. Por eso me produce suspicacia ver en días recientes la ficha de un candidato por un partido emergente, donde se refleja el tiempo de su condena y muchas teorías del porqué de dicho arresto, difícil de asimilar que un candidato que se presenta como algo diferente y dispuesto a dar la cara para lograr sus objetivos, no sea capaz de explicar o desmentir con pruebas de dicho historial que se le imputa, junto a los rumores de esa situación.  

¿Por qué temer?, si dicha condena no suspendería sus aspiraciones, aunque si lo reflejaría como más de lo mismo y que sus criticas como deporte olímpico son para camuflaje de las acciones dolosas que le endosan y que este no se ha atrevido decir sí o no, sobre las mismas. Todo puede ser especulación o un ardid político pero su silencio lo cubre de una nebulosa que solo genera dudas en su contra.

Lo que nos obliga a preguntar: ¿Estos son los representantes que queremos en los puestos públicos?

En días recientes Joaquín Estefanía, publicó en El País su análisis titulado ‘Democracia diabética’, analizó los resultados de los estudios realizados por Latinobarómetro, citare algunos fragmentos determinantes del mismo: “Los votantes tienen cada vez menos en cuenta el mundo que los rodea y basan sus comportamientos en el entorno inmediato en el que viven sus experiencias a diario, dicen los autores del último Latinobarómetro. Entienden que no hay explicaciones en blanco y negro para América Latina; que las transformaciones electorales no tratan simplemente de la derrota de la izquierda ni tampoco del advenimiento de la derecha.”

“Es una democracia diabética, con un lento y paulatino declive de múltiples indicadores según el país y el momento, que permite de alguna manera ignorarlos como fenómeno social. Sin embargo, vistos en conjunto, esos indicadores revelan el deterioro sistemático y creciente de las democracias de la región.” Producto de esta diabetes democrática, sujetos sin preparación ni condiciones éticas ni morales se han podido insertar penosamente en el sector político.

Realizo un paralelismo entre esta situación de la cual entiendo adolece la política criolla y lo colocare ante el espejo del quehacer político norteamericano. En 1987, el exvicepresidente de la administración Obama, Joe Biden a la sazón aspiraba a residir en la Casa Blanca y por el simple hecho de haber plagiado un fragmento del discurso del político británico, Neil Kinnock; tuvo que abandonar su carrera por la presidencia de los Estados Unidos de América. La institucionalidad estadounidense no tuvo perdón con Biden, por un simple plagio ni siquiera una condena por romper la ley.

Sin requisitos como no antecedentes penales se permite un ambiente propicio para la cualquierización de la democracia, porque no hay limitantes efectivas para preservar la esencia del derecho de elegir y ser elegido, más que las de la edad requerida,  estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, y residir en la localidad donde aspira.  

Concluyo con la siguiente frase de la expresidenta del Partido Popular, Esperanza Aguirre, cito: “Ahora, cuando la regeneración de todos los aspectos de nuestra vida política se ha hecho imprescindible, recuperar las canteras de donde han salido nuestros mejores políticos y buscar a los más preparados son tareas ineludibles que hay que afrontar.”

Por; Jesús M. Guerrero

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