Santo Domingo, República Dominicana.- El Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), advierte sobre la implementación por primera vez el voto preferencial a nivel municipal para las elecciones de este 2020.
Indica que como lo establece la Ley Núm. 157-13, eso representaría desventajas para su organización, por la complejidad que reviste estructurar unas elecciones con el volumen de candidatos que se presentarán en los próximos comicios del país.
Según una investigación realizada por las unidades de Partidos Políticos y Gobierno Local del OPD-FUNGLODE, de aplicarse el voto preferencial a nivel municipal en 2020, se aumentaría el número de boletas electorales de 164 a 450, con las que se elegirían a 1,164 regidores y sus suplentes y a 730 vocales, incrementándose el costo de la campaña electoral.
A este escenario se sumaría que en 2020 se celebrarán elecciones municipales y congresuales en febrero y en mayo del mismo año se realizarán las presidenciales.
Esto implicaría un montaje más complejo de lo que se ha visto hasta el momento en el país, debido a que al separar las votaciones de alcaldes y regidores se corre el riesgo de una fragmentación del voto, afectando la gobernabilidad municipal, precisa el estudio.
Otras de las desventajas que presenta esta modalidad, según el informe del OPD-FUNGLODE, son: el aumento del transfuguismo, la reducción del nivel de representación de los partidos minoritarios y el arrastre en favor de los senadores, entre otras.
El análisis establece como la mayor ventaja de la modalidad de elecciones por listas cerradas y desbloqueadas, que electores escogen directamente al aspirante de su preferencia de una lista presentada por los partidos políticos, que los votantes pueden manifestar directamente su preferencia por un determinado candidato.
En República Dominicana el voto preferencial ya ha sido eliminado por la Junta Central Electoral a través de su resolución núm. 74-2010, luego de ser aplicado en las elecciones del 2002, 2006 y 2010; sin embargo fue restablecido para las elecciones del 2016 tras aprobarse en 2013 la Ley Núm. 157-13.
