Declaran en emergencia al Ministerio Público de Perú tras renuncia de Fiscal General

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La flamante fiscal general interina de Perú, Zoraida Ávalos, declaró este martes en emergencia al Ministerio Público y ratificó el apoyo a las investigaciones del caso Odebrecht en la lucha contra la corrupción, tras la renuncia de su cuestionado predecesor, Pedro Gonzalo Chávarry.

«Dispongo declarar en emergencia el Ministerio Público, repito, declarar en emergencia el Ministerio Público, con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestra institución», dijo Ávalos en su primera conferencia de prensa.

Ávalos resaltó que entre sus primeras decisiones al frente de la institución, está «apoyar a las fiscalías especializadas» que investigan los escándalos de corrupción vinculados a la empresa constructora brasileña Odebrecht (por el escándalo «Lava Jato» -lavadero de autos- en Perú).

También, dijo, que respaldará las indagaciones de los casos relacionados con delitos cometidos por funcionarios públicos, así como las indagaciones a la mafia judicial de tráfico de sentencias, conocida como «Cuellos Blancos», caso al que ha sido vinculado por una investigación fiscal el cuestionado fiscal Chávarry.

«Asumo este reto con coraje y valentía», dijo la fiscal Ávalos, quien destacó que «afrontará sin tregua la lucha contra la corrupción».

La funcionaria no precisó el tiempo que durará el período de emergencia en el Ministerio Público.

– La agonía de Chávarry –

La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público aceptó el martes la renuncia del cuestionado Chávarry -anunciada el lunes- y designó a Ávalos en su reemplazo por 60 días, en medio de una crisis institucional generada por la investigación de los lazos de la brasileña Odebrecht con expresidentes y líderes políticos de Perú.

Chávarry anunció su renuncia asediado por la protesta popular y ciudadanos autodenominados indignados, que le reclaman comparecer ante la justicia por sus presuntos vínculos con la organización criminal judicial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y sus actos contra los fiscales del equipo especial del caso Odebrecht.

«Si soy el pretexto para que continúen estos ilegales actos contra la institución que represento (…) he decidido dar a un paso al costado», indica la carta de renuncia de Chávarry.

La dimisión se registra en medio de la mayor crisis que se recuerde en el Ministerio Público.

Dentro de 60 días próximos deben celebrarse elecciones para elegir al nuevo fiscal por los siguientes tres años.

– Salvar la situación –

La vicepresidenta Mercedes Aráoz manifestó que la renuncia de Chávarry era necesaria para «salvar la situación» que está atravesando el Ministerio Público.

La crisis interna en la Fiscalía de Perú se agudizó el miércoles pasado, cuando los fiscales nombrados para reemplazar a los destituidos Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados del caso Odebrecht, rechazaron la designación resuelta por Chávarry en solidaridad con sus colegas.

Ese hecho y tres días de manifestaciones exigiéndole a Chávarry que diera marcha atrás en su decisión, condujeron a que el fiscal general restituyera en esas funciones a los fiscales Vela y Pérez.Todo esto sucede en momentos que el Congreso peruano debate un proyecto de ley presentado por el presidente Martín Vizcarra para declarar en emergencia al Ministerio Público a raíz de la crisis.

El equipo fiscal que dirige Vela tiene a su cargo la investigación que involucra a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta una petición de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; Alan García (1985-1990, 2006-2011), quien buscó sin éxito asilo en la embajada de Uruguay; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.

Chávarry es cuestionado porque se considera que el cese de los fiscales Vela y Pérez boicoteaba un acuerdo judicial de colaboración eficaz (delación premiada) entre la fiscalía brasileña y los fiscales peruanos despedidos para que los ejecutivos de Odebrecht aporten las pruebas documentales de presuntos pagos a políticos locales a cambio de favores.

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