HAITÍ, (LA NACIÓN).- Relegado en la agenda mediática y mientras la región tiene sus ojos puestos en Venezuela , en Haití , el país más pobre de América Latina, la crisis política y social se intensifica.
“Aquí está por haber una emergencia humanitaria. Lo dijo hace algunos días la oficina de Protección Ciudadana, que viene ser al ombudsman del país”, resume en una entrevista el embajador argentino en Haití, Pedro Von Eyken.
Es cierto que el panorama se calmó mucho el fin de semana pasado y, como cuenta Von Eyken, “ya no se escuchan disparos, no hay barricadas y volvió el aprovisionamiento de alimentos, agua y combustible”.
También reabrieron los comercios y los bancos y solo permanecen cerradas las escuelas por miedo a la violencia. Pero lo que se preguntan todos en este país de 10,5 millones de habitantes es cuánto durará la tregua.
Después de diez de protestas, que empezaron el 7 de febrero pasado y provocaron por lo menos nueve muertos, el gobierno lanzó las primeras medidas para intentar frenar la crisis, entre ellas recortar su propio presupuesto un 30% y bajar los precios de los alimentos.
Luego del anuncio las protestas frenaron, pero muchos manifestantes, que están apoyados por partidos de la oposición, dicen que retomarán las calles para lograr la renuncia el presidente Jovenel Moise. Al exempresario bananero de 50 años, que asumió en 2017, lo acusan de no cumplir las expectativas de mejora económica y le exigen justicia por un caso de corrupción en el que está implicado.
En Haití, casi el 60% de la población vive bajo la línea de pobreza, con 2,41 dólares al día, según cifras del Banco Mundial. Además, con una inflación del 15%, los precios se dispararon en las últimas semanas. El litro de nafta rondaba hoy los 130 gourdes (1,57 dólares), y una lata de porotos costaba unos 580 gourdes (7 dólares).
A la cada vez más precaria condición de vida se suma la indignación por el escándalo del programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo subsidiado a Haití.
Una auditoría presentada a por el Tribunal de Cuentas este mes reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en el manejo de este programa e involucró a 15 exministros y actuales funcionarios, así como a una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la presidencia. El documento cifra en 4000 millones de dólares los fondos generados mediante Petrocaribe.
