Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, y el Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extractiva (ENTRE), demandaron el cumplimiento de pago 5% de los beneficios de la minería para los municipios.
Califican de inconcebible que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la disposición de la Ley 64-00, que en su artículo 117 establece que los municipios donde estén ubicadas explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados.
Durante el panel “Régimen de Participación de los Municipios en los Beneficios derivados de la Minería”, Anselmo Muñiz, Maritza Ruiz, y Domingo Matías, destacaron la relevancia económica y legal, así como la importancia del Estándar de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI) y su posible aplicación respecto al ordenamiento territorial en los municipios afectados.
El primero, investigador social y abogado; la segunda, economista y directora del Observatorio de Política Pública de la UASD) y el tercero, sociólogo, investigador socio-político y experto en temas de desarrollo local y reforma de la administración pública, indicaron que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la exploración y explotación minera de sus tierras ancestrales, es un derecho favor de las comunidades indígenas.
Citaron al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que establece en su artículo 15 que, ante “cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”, “los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.
“Nuestro país tiene abundancia de recursos naturales renovables y no renovables, minerales (Oro, Plata, Zinc, Níquel), con un Estado compuesto de instituciones deficientes, con insuficiente regulación y bajos niveles de cumplimento de la ley, por lo que se asume una alta cuota de corrupción”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de PC.
Señaló que la participación de la ciudadanía promoviendo y exigiendo la transparencia en esta industria, permitirá incrementar la auditoría social, construir diálogos entre el Estado, la empresa y la ciudadanía, sobre la base de la demanda y análisis de información completa y veraz.
El evento, realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa República Dominicana (FLACSO RD), contó con la participación de más de 30 personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y público general.
Agregó que, por esto, es necesario que en nuestro país se impulsen iniciativas para procurar y demandar transparencia en este sector tan fundamental para la economía.
