El caso Odebrecht pone ante la Justicia a los últimos cuatro presidentes de Perú

Lima,(EFE).- Los cuatro últimos expresidentes de Perú que ocuparon el cargo sucesivamente desde 2001 hasta 2018, se han mantenido en la mira de la Justicia desde que se destapara, en diciembre de 2016, el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

La consecuencia más dramática del caso Odebrecht en el país ha sido, no obstante, la trágica muerte del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se disparó este miércoles en la cabeza cuando iba a ser detenido por la Policía para cumplir con una orden de detención por diez días por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Las investigaciones del caso ha complicado también la salud de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), de 80 años, quien cumple una orden de detención por diez días mientras es investigado, y que este martes fue trasladado desde el calabozo a una clínica limeña, donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos aquejado por un mal cardíaco.

1.- ALEJANDRO TOLEDO (2001-2006)

Toledo está imputado por los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos al presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecer a la constructora brasileña en la licitación de varios tramos de la carretera interoceánica del sur.

El líder del partido Perú Posible permanece en Estados Unidos a la espera de que se resuelva la extradición solicitada por la Justicia peruana para que cumpla una orden de prisión preventiva por 18 meses.

2.- ALAN GARCÍA (1985-1990 y 2006-2011)

García era investigado por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios de su segundo Gobierno para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Por ello, la Justicia le ordenó un impedimento de salida por 18 meses que García intentó evadir pidiendo un asilo político a Uruguay, el mismo que le fue negado.

Durante ese tiempo, la investigación fiscal sumó diversos indicios contra García, como las siglas ‘AG’ en una agenda de Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa brasileña; el pago de 100.000 dólares de Odebrecht a cambio de una conferencia brindada en 2012 en Sao Paulo.

Así también los sobornos detectados por la Fiscalía de más de 4 millones de dólares pagados por Odebrecht a su exsecretario, Luis Nava, en cuentas de paraísos fiscales; los pagos de Odebrecht a Miguel Atala, exdirector de la estatal PetroPerú durante su gobierno; y la declaración pendiente a la Fiscalía de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú.

3.- OLLANTA HUMALA (2011-2016)

Humala y su esposa Nadine Heredia son investigados por lavado de activos por presuntamente haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para financiar su campaña para las elecciones presidenciales de 2011 y no haberlos declarado en sus cuentas.

Los fundadores y líderes del Partido Nacionalista Peruano (PNP) pasaron casi diez meses en prisión preventiva hasta que el Tribunal Constitucional resolvió que la medida era excesiva sin tener una acusación firme, por lo que recuperaron la libertad, sin impedimento de salida del país para Humala.

4.- PEDRO PABLO KUCZYNSKI (2016-2018)

Kuczynski está investigado igualmente por lavado de activos al descubrirse que su consultora Westfield Capital facturó 782.000 dólares a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro en el Gobierno de Toledo.

El líder del partido Peruano Por el Kambio (PPK), que dimitió en marzo al revelarse una presunta compra de votos de parlamentarios para evitar que el Congreso lo destituyese por este caso, tiene prohibido por orden judicial salir del país, y este miércoles se solicitó en su contra seis años y ocho meses de prisión preventiva.

Lima, 17 abr (EFE).- El Ministerio Público de Perú abrió este miércoles una investigación por «presuntas infracciones administrativas» contra los fiscales José Domingo Pérez y Henry Amenábar, quienes investigaban al fallecido expresidente Alan García, según un documento difundido por medios locales.

La investigación fiscal interna es «de oficio» y responde a los «cuestionamientos» difundidos en diversos medios de comunicación al accionar del equipo fiscal, en el marco de la orden judicial de «allanamiento de la vivienda y la detención preliminar» de García, señaló el documento.

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