LIMA (AP) — El suicido del expresidente Alan García ha desatado un debate en Perú y en las televisoras y los periódicos se preguntan: ¿cuál será el precio de combatir la corrupción?
Todos menos dos de los exmandatarios vivos del país están sospechados de participar en el mayor caso de corrupción de América Latina en el que el gigante brasileño de la construcción Odebrecht admitió haber pagado 800 millones de dólares a políticos de toda la región a cambio de jugosos contratos de obras públicas.
La masiva investigación anticorrupción ha sacudido especialmente a Perú, que ha ido más allá que cualquier otra nación fuera de Brasil al señalar a casi todos sus políticos de alto rango como sospechosos de recibir sobornos.
La corrupción es endémica en el país sudamericano, donde un juez de la Corte Suprema fue descubierto en una escucha telefónica cuando negociaba la sentencia de un hombre acusado de violar a una niña. Muchos descargan su indignación contra la élite política cuando ven a líderes poderosos con años de sospechas sobre sus hombros con esposas alrededor de sus muñecas.
Pero pese a ello el suicidio de García ha provocado un escrutinio sobre cómo se están llevando los casos y en particular sobre las detenciones preventivas.
Cuando la policía llegó a la casa de García el miércoles con una orden de arresto por 10 días en relación con el caso Odebrecht -en el que era sospechoso pero aún no había sido acusado formalmente- el expresidente pidió un minuto para llamar a su abogado y se disparó en la cabeza en el interior de su dormitorio.
Ahora algunos se preguntan si es un país donde la corrupción ha quedado impune durante mucho tiempo los fiscales se han vuelto entusiastas en extremo al poner a su élite política tras las rejas incluso antes de que haya condena.
“Está bien la lucha contra la corrupción”, opinó un presentador de la televisión peruana mientras las imágenes de la carroza fúnebre de García brillaban en la pantalla. “¿Pero a qué costo?”.
Los fiscales y defensores de la lucha contra la corrupción afirman que la detención preventiva es una medida necesaria en el caso de líderes poderosos con acceso a grandes recursos que podrían ayudarlos a huir del país u obstruir la justicia. Los críticos dicen que los fiscales no siempre tienen justificación para ponerlos tras las rejas antes de presentar cargos.
En toda América Latina es común que los prisioneros, incluso los acusados de delitos menores, sean retenidos durante meses o años antes de que se presenten cargos en su contra o se inicie un juicio. Es un tema contra el que los abogados de derechos humanos han clamado durante años y que ahora está recibiendo más atención debido a que los expresidentes o líderes políticos de alto perfil se encuentran en una posición similar.
García habría sido sólo uno más en una serie de líderes de alto perfil a los que se les ordenó la prisión preventiva en el marco de investigaciones ligadas al escándalo de corrupción de Odebrecht.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años, está detenido en relación con la investigación al igual que la líder opositora Keiko Fujimori. El expresidente Ollanta Humala y su esposa también estuvieron bajo arresto durante meses sin cargos formales hasta que el Tribunal Constitucional peruano dictaminó que debían ser liberados.
En virtud de la ley peruana, los sospechosos de delitos con una pena superior a los cuatro años de prisión pueden ser retenidos de manera preventiva si existen pruebas que sugieran que podrían huir del país u obstaculizar el curso de una investigación judicial.
