Managua, (EFE).- La Unión de Presos Políticos Nicaragüense (UPPN) dio este miércoles por “no cumplido” el compromiso del Gobierno de liberar a los manifestantes arrestados en el marco de la crisis sociopolítica, un día después de que se cumplió el plazo para la “liberación definitiva”.
En marzo pasado el Gobierno del presidente Daniel Ortega acordó con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que daría “libertad definitiva” a los “presos políticos” en un plazo de 90 días, que se cumplió ayer 18 de junio.
El Gobierno informó ayer que los últimos “presos políticos” habían sido liberados en dos grupos los días lunes y martes de la semana pasada, pero la UPPN sostiene que quedan 89 en prisión, 5 más que el último reporte de la Alianza Cívica.
“No damos por cumplido dicho acuerdo. No todas las personas presas políticas han sido liberadas, contabilizando a la fecha más de 80 en esa condición”, destacó la UPPN en un comunicado leído por el exconvicto Darwin Espinoza ante periodistas.
La posición de la UPPN, compuesta por “ex presos políticos”, fue respaldada por otros grupos opositores, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Alianza Cívica, que afirma que el Gobierno ha liberado 620 reos, de un total superior a los 700.
La UPPN afirmó que “las personas presas políticas que han sido excarceladas siguen siendo rehenes bajo medidas cautelares, no gozan de ninguna libertad y siguen asediados”.
Asimismo refirió que hay excarcelados que “han sido nuevamente encerrados bajo argumento de delitos comunes”, y otros “fueron obligados, vía torturas, a inculparse por delitos comunes que no cometieron”.
“Los niveles de represión siguen aumentando bajo diferentes modalidades, incluida el ataque a las iglesias, secuestros, torturas, asedio familiar, amenazas en redes sociales, entre otros. Todo con la venia de la Policía y en operaciones conjuntas con turbas y fuerzas paramilitares”, sostuvo la UPPN.
Adicionalmente, los “ex presos políticos” rechazaron la Ley de Amnistía, porque consideran que su “contenido intenta consagrar la impunidad del régimen” de Ortega.
También exigieron la libertad inmediata de los “presos políticos” que “permanecen en las mazmorras de la dictadura”, un proceso de reparación de los excarcelados, el cese de los arrestos a manifestantes, la restitución de los derechos ciudadanos y seguridad para el retorno de los exiliados.
La UPPN se sumó “al clamor por la libertad inmediata” del opositor Marvin Vargas, calificado como el primer “preso político” de Ortega, quien según organismos humanitarios hace 5 años recibió su carta de libertad y sufre cáncer de próstata, pero las autoridades le niegan la salida.
Nicaragua sufre una crisis sociopolítica que, desde abril de 2018, ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no obstante organismos locales suman 594, y el Gobierno admite 200.
La CIDH sostiene que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes “de lesa humanidad” en el marco de la crisis.
Adicionalmente la oposición reporta más de un centenar de personas desaparecidas o de las que no se tiene información, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha informado que 26.000 personas han decidido abandonar Nicaragua en medio de la crisis.
